Un proyecto que busca atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio ha generado debate entre senadores del norte del país. La iniciativa propone modificaciones legales para dotar a la administración pública de herramientas que permitan reaccionar con mayor celeridad ante situaciones de riesgo urbano, priorizando la regularización de campamentos y asentamientos en zonas de riesgo.
Entre sus medidas, se contempla habilitar procedimientos simplificados para modificar instrumentos de planificación territorial, incorporar áreas rurales al límite urbano en casos específicos y regularizar campamentos incluidos en el catastro del Minvu. Estas propuestas buscan facilitar la gestión de asentamientos y abordar el déficit habitacional bajo un enfoque preventivo.
La senadora Luz Ebensperger, de la región de Tarapacá, cuestionó la prioridad otorgada a los campamentos. “No podemos mandar señales equívocas. La justicia habitacional requiere equidad y respeto por el proceso regular. Se debe ayudar a quienes están en tomas, pero no priorizarles sobre los que llevan años esperando legalmente un subsidio”, afirmó.
Desde Arica y Parinacota, el senador José Durana criticó el posible impacto del proyecto en los derechos de propiedad y en la descentralización de decisiones urbanísticas. “Una autoridad política podrá modificar planes reguladores en desmedro de los municipios. Esto atenta contra la regionalización y afecta los derechos de quienes han seguido el proceso regular para acceder a una vivienda”, declaró.
Ambos legisladores manifestaron su preocupación por la migración irregular vinculada a los asentamientos. Ebensperger enfatizó que muchos campamentos en el norte son controlados por organizaciones criminales. «Tenemos una grave crisis en los campamentos, y en muchos casos están en manos del crimen organizado», comentó. Durana, por su parte, advirtió que “no se puede permitir que personas en situación irregular reciban beneficios por sobre los comités que llevan años esperando un terreno”.
Si bien los parlamentarios reconocen la necesidad de abordar el déficit habitacional, coinciden en que el proyecto debe ser revisado. Consideran fundamental garantizar justicia habitacional y respetar a quienes han seguido los procesos legales para acceder a una vivienda.
