DE 18 A 4.366 EN 15 AÑOS: EXPLOSIVO AUMENTO DE PRESOS VENEZOLANOS TENSIONA EL SISTEMA PENITENCIARIO DEL PERÚ
El sistema penitenciario peruano enfrenta un cambio significativo en la composición de su población carcelaria, marcado por el fuerte incremento de internos de nacionalidad venezolana. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en octubre de 2025 se registraron 4.366 presos venezolanos, una cifra que contrasta drásticamente con los 18 contabilizados en 2010.
La información, publicada por el diario La República de Perú, se basa en un análisis del especialista en datos Juan Carbajal, quien detalla que el aumento supera el 24 mil por ciento en un período de quince años. Según los registros estadísticos del Inpe, el crecimiento se vuelve especialmente notorio a partir de 2018, coincidiendo con cambios en las políticas migratorias y con la intensificación del éxodo venezolano provocado por la crisis política y económica en ese país.
Actualmente, los ciudadanos venezolanos representan más del 4% de la población penal, cuando hace una década y media su presencia era prácticamente marginal. Especialistas citados por el medio sostienen que este fenómeno refleja dinámicas sociales y delictuales que se desarrollan fuera de los recintos penitenciarios, y que terminan impactando directamente en las cárceles.
Uno de los casos más emblemáticos se registra en el penal de Challapalca, considerado uno de los más extremos del país por sus condiciones climáticas. Allí permanecen recluidos internos vinculados a organizaciones criminales transnacionales, entre ellos ciudadanos venezolanos investigados por delitos de alta connotación pública.
Las cifras del Inpe indican que, hasta octubre de este año, el Perú alberga 5.791 presos extranjeros, siendo los venezolanos el grupo mayoritario. Les siguen reclusos de Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Argentina y Brasil, entre otras nacionalidades. La mayoría de los internos extranjeros cumple condena o enfrenta procesos por robo agravado, tráfico de drogas, extorsión, homicidio y asociación criminal.
Este escenario ha generado reacciones políticas y sociales. Mientras autoridades del Ministerio del Interior han reafirmado una postura de mayor control migratorio y aplicación estricta de la ley, organizaciones vinculadas a la comunidad venezolana han expresado preocupación por operativos policiales que consideran discriminatorios, denunciando procedimientos selectivos contra migrantes, incluso aquellos con situación regular.
El debate continúa abierto en Perú, donde el aumento de la criminalidad, la presión sobre el sistema penitenciario y la gestión de los flujos migratorios se mantienen como temas centrales de la agenda pública.
