La Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscalizó en Arica el cumplimiento de la normativa que protege a los pacientes electrodependientes, verificando que la empresa eléctrica entregue descuentos, prioridad ante cortes y sistemas de respaldo energético en sus domicilios.
En algunos hogares de Arica, un corte de luz no es solo una molestia. Es una amenaza directa. Un riesgo vital. Un minuto sin energía puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la emergencia. Con esa premisa, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) desplegó una fiscalización silenciosa pero crucial: ir casa por casa para verificar que la empresa eléctrica esté cumpliendo con cada obligación que la ley impone en favor de los pacientes electrodependientes.
La escena se repitió en distintos puntos de la comuna. Funcionarios de la Dirección Regional de SEC Arica y Parinacota, acompañados por el seremi de Energía, Darío Fernández Serei, y personal de la empresa CGE, ingresaron a los domicilios para revisar lo que no siempre se ve en una boleta: sistemas de respaldo, equipos de emergencia, registros prioritarios y beneficios que, en estos casos, no admiten errores.
Beneficios que no son opcionales
La legislación vigente es clara. Las personas electrodependientes —aquellas cuya vida o salud depende de equipos médicos conectados a la red eléctrica— deben contar con protecciones especiales. Entre ellas, descuentos en la cuenta mensual, prioridad absoluta frente a cortes imprevistos y, lo más crítico, soluciones técnicas que aseguren el funcionamiento continuo de sus dispositivos médicos, incluso cuando la energía se interrumpe.
Eso puede significar generadores eléctricos, baterías de respaldo u otros sistemas definidos por la empresa distribuidora. No es una cortesía. Es una obligación legal.
Durante las inspecciones, la SEC detectó desviaciones en algunos casos, las que fueron formalmente instruidas a CGE para su regularización inmediata. Desde el organismo fiscalizador enfatizaron que estas observaciones no se quedan en el papel: deben traducirse en correcciones concretas para proteger a quienes no pueden quedarse a oscuras.
Radiografía regional: 96 pacientes, una sola comuna
Aunque esta fue la primera fiscalización presencial del año, el trabajo no es nuevo. Durante 2025, la SEC ya había inspeccionado 34 domicilios en terreno y revisado 9 casos de forma documental. Actualmente, la región de Arica y Parinacota registra 96 pacientes electrodependientes, todos concentrados en la comuna de Arica.
Cada uno de ellos depende no solo de un equipo médico, sino de que el sistema eléctrico funcione sin fallas ni omisiones. Por eso, la fiscalización no se detiene.
El otro frente: comercio bajo la lupa
La jornada no terminó en los hogares. Paralelamente, la SEC extendió su fiscalización al comercio, enfocándose en la venta de aires acondicionados y ventiladores, equipos especialmente demandados en una zona de altas temperaturas como Arica.
El objetivo fue claro: verificar que los productos ofrecidos cuenten con el Sello SEC, certificación que acredita que cumplen con los estándares de seguridad exigidos en Chile. La revisión se concentró en locales de retail, donde, en esta oportunidad, se constató cumplimiento de la normativa.
Sin embargo, el balance anual revela un escenario más severo. El director regional de la SEC, Jorge Sandoval, informó que durante 2025 se fiscalizaron 36 locales comerciales, iniciándose procesos sancionatorios contra 17 de ellos por vender productos sin certificación.
Seguridad que se exige, no se negocia
Desde la SEC reiteraron el llamado a la ciudadanía a comprar solo productos con Sello SEC, una recomendación que va más allá del cumplimiento normativo y apunta directamente a la prevención de accidentes eléctricos.
Asimismo, invitaron a la comunidad a informarse y mantenerse alerta a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde se entregan consejos de seguridad y orientación sobre el uso responsable de la energía.
En Arica, donde el calor aprieta y la electricidad sostiene vidas, la fiscalización no es un trámite más. Es un recordatorio potente: cuando la energía se corta, el Estado debe encender todas sus alertas.
