66 detenidos, 44 de ellos gendarmes, deja el mayor operativo anticorrupción penitenciaria del último tiempo
Un despliegue simultáneo en siete regiones, nueve cárceles allanadas, cuentas bancarias congeladas y propiedades incautadas marcaron una madrugada histórica para el sistema penitenciario. La Fiscalía Occidente destapó un entramado criminal que funcionaba como una empresa paralela al interior de Santiago 1 y San Joaquín.
Una madrugada que remeció los muros
Mientras el país dormía, las cárceles despertaron bajo un ruido distinto al habitual. No fueron sirenas por motines ni alarmas por fugas. Esta vez, el estruendo vino desde adentro. Durante la madrugada del martes, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente ejecutó un megaoperativo nacional destinado a desbaratar una red de corrupción carcelaria de alto nivel, conocida internamente como “Operación Apocalipsis”.
El balance preliminar es contundente: 66 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería, además de civiles vinculados al ingreso ilegal de drogas, celulares, alcohol y bienes prohibidos a los penales.
El epicentro: Santiago 1 y San Joaquín
La investigación apunta directamente a los recintos Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, desde donde —según el Ministerio Público— operaba una estructura criminal estable, con roles definidos y un flujo constante de dinero.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, confirmó que 40 gendarmes fueron detenidos con órdenes judiciales vigentes, mientras que otros cuatro fueron capturados en flagrancia, sorprendidos con drogas durante los allanamientos realizados al interior del penal Santiago 1.
Allanamientos, cuentas congeladas y dinero incautado
El golpe no fue solo policial, sino también financiero. En el marco del operativo se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron nueve propiedades, 16 vehículos y se decomisaron $50 millones en efectivo.
Para la fiscalía, estos antecedentes permiten sostener la existencia de delitos como cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal, con un volumen económico que no se condice con los ingresos formales de los imputados.
Siete regiones bajo la lupa
El despliegue fue de carácter nacional. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en siete regiones del país —Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins— abarcando nueve recintos penitenciarios, además de 68 domicilios particulares, pertenecientes tanto a gendarmes como a civiles involucrados.
En total, participaron cerca de 690 funcionarios, entre detectives de la PDI y personal de Gendarmería destinado a labores de apoyo y control interno.
El engranaje del negocio: manilleros y tarifas
Uno de los hallazgos clave de la investigación fue la consolidación de la denominada “figura del manillero”: civiles que se inscribían como visitas de internos para ingresar encomiendas adulteradas, con la venia de funcionarios penitenciarios corruptos.
Según antecedentes del caso, algunos manilleros llegaron a figurar como visitantes de más de 200 reclusos, convirtiéndose en piezas clave del tráfico interno. El negocio tenía precios fijos:
- $80 mil por ingresar comida rápida
- $200 mil por un teléfono celular
- $100 mil por un hervidor
Cada objeto tenía valor. Cada ingreso, un soborno.
Aduanas vulneradas y módulos convertidos en mercado negro
La indagatoria también reveló graves fallas —y colusiones— en el Control Peatonal, la llamada “aduana” interna de las cárceles, equipada con escáneres y detectores similares a los de un aeropuerto.
De acuerdo con los investigadores, funcionarios coludidos permitían el paso de objetos prohibidos sin activar protocolos, anulando el principal filtro de seguridad penitenciaria.
Ya en el interior, el negocio se diversificaba en tres modalidades:
- Delivery directo entre gendarmes e internos.
- Venta interna de productos ingresados por los propios funcionarios.
- Reventa de especies incautadas, sustraídas durante allanamientos.
Las escuchas que hablaron solas
Parte del funcionamiento de esta red quedó al descubierto gracias a interceptaciones telefónicas, varias de ellas reveladas por CIPER, que dan cuenta del ingreso de whisky oculto en botellas, kilos de carne para asados, perfumes, calientacamas y hasta el cobro por organizar completadas al interior del penal.
En una de las conversaciones más explícitas, se menciona el pago de “seis gambas” para asegurar el ingreso de cuatro encomiendas. En otras, se coordinan celebraciones de fiestas patrias con carne comprada en supermercados y alcohol camuflado, todo con conocimiento y participación de funcionarios penitenciarios.
El rastro del dinero
El análisis financiero fue decisivo. La fiscalía levantó el secreto bancario y detectó transferencias cruzadas, uso de testaferros, cuentas de familiares y adquisición de bienes sin justificación económica, elementos que refuerzan las imputaciones por lavado de activos.
Para los investigadores, el volumen y la regularidad de los movimientos confirman que no se trataba de hechos aislados, sino de un sistema criminal plenamente operativo.
Un golpe institucional sin precedentes
La Operación Apocalipsis marca un punto de inflexión para Gendarmería y para el sistema penitenciario chileno. Nunca antes tantos funcionarios habían quedado bajo la lupa en una causa de corrupción carcelaria de esta magnitud.
El mensaje es claro: la corrupción no solo custodiaba las rejas, también tenía las llaves. Y esta vez, el Estado decidió recuperarlas.
