La crisis migratoria en la frontera norte se ha transformado en un abierto conflicto político entre las autoridades chilenas, llevando al gobernador regional a acusar al Gobierno Central de operar en un «estado de negación». Esta disputa interna ocurre justo cuando Perú intensifica sus medidas de seguridad, generando una situación que, según las críticas, ha sido abordada con desinterés y «política cochina» por el Ejecutivo.
En ese sentido, la tensión se centra en la profunda discrepancia de diagnósticos en Arica: mientras el delegado Presidencial (s) y el Alcalde insisten en que la situación es de «normalidad», el gobernador regional Diego Paco advierte que el problema es grave y que la migración irregular trasciende el simple cruce de personas, involucrando la detección de tráfico de drogas, tráfico de armas y extorsiones.
Esta división política ha sido interpretada como una muestra de la desconexión entre el gobierno central y la realidad fronteriza. El Gobernador Diego Paco detalló las condiciones del límite, que facilitan el cruce de grupos vulnerables:
«El borde fronterizo, la frontera entre Chile y Perú, nos separa alrededor de dos kilómetros de distancia… del lado peruano hay iluminación, del lado chileno no hay iluminación, lo que hace que las personas se camuflen en la noche y se empiecen a juntar, a aglomerar.»
Actualmente, un grupo de migrantes varados en la línea fronteriza, identificados como colombianos, ecuatorianos y venezolanos, han manifestado a la prensa que su intención es volver a sus países de origen, no quedarse en Perú de forma irregular, y están dispuestos a pagar por un bus que les permita cruzar el territorio peruano.
MONITOREO Y MARCO LEGAL CHILENO
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto a otras autoridades, llegó al Complejo Fronterizo de Chacalluta para evaluar el funcionamiento. El Gobierno ha defendido su posición argumentando que la migración irregular ha disminuido en un 48% y que la zona opera con normalidad.
El subsecretario Víctor Ramos reiteró el foco legal: «A cada persona hay que ver cuál es el caso concreto que le puede estar impidiendo su circulación y poder orientarla de la mejor manera para que solucione su problema migratorio. La gente tiene que cumplir la ley y para eso existen las instituciones a las que ellos tienen que recurrir.»
El control fronterizo chileno se realiza bajo el marco de la Ley de Infraestructura Crítica. Esta ley permite el despliegue de las FF.AA. en zonas fronterizas para proteger instalaciones esenciales.
EMERGENCIA PERUANA Y RESPUESTA DIPLOMÁTICA
La situación se intensificó tras la declaración de estado de emergencia del gobierno peruano en la región de Tacna, con el objetivo de frenar los ingresos irregulares. El presidente José Jerí advirtió en su cuenta de X que “Nuestras fronteras se respetan”.
Como respuesta inmediata, el Ejército Peruano refuerza la frontera con Chile entre el Hito 1 y el Hito 10, con un dispositivo de 50 militares y el aumento de policías en Tacna.
Ante la tensión, se agilizó la respuesta diplomática: hoy se llevará a cabo un Comité Binacional clave con Perú. La delegación chilena será encabezada por el Canciller Alberto Van Klaveren y el subsecretario Ramos, para abordar cinco temas claves, incluyendo la caracterización de migrantes y el intercambio de información policial.
