Gendarmería confirmó que un imputado que debía cumplir prisión preventiva fue liberado por un error administrativo ocurrido el 24 de diciembre, luego de que no se ejecutara una orden del 9° Juzgado de Garantía de Santiago. El funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones.
En una semana en que el sistema penitenciario chileno está bajo una lupa implacable, Gendarmería de Chile volvió a protagonizar un episodio que sacude a la ciudadanía y cuestiona la capacidad operativa de la institución. En pleno 24 de diciembre de 2025, cuando la mayoría de la población celebraba las fiestas, una orden del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago para que un imputado ingresara de inmediato a prisión preventiva no fue ejecutada por el personal a cargo, según confirmó oficialmente el propio organismo. El resultado fue inapelable: el sujeto quedó en libertad pese a tener una medida cautelar vigente, dando paso a una nueva crisis interna y un debate público que se suma a otros incidentes similares ocurridos durante este año.
Una liberación que vuelve a encender las alarmas
La noticia llega apenas semanas después de una serie de fallas administrativas que han puesto en evidencia un patrón preocupante: múltiples reos han quedado libres por errores en la interpretación, aplicación o ejecución de órdenes judiciales en distintos penales del país. El último caso, informado por Gendarmería, ocurrió justo antes de Navidad y ha encendido todas las alertas en la Región Metropolitana.
Según precisó la institución en un comunicado, el imputado —identificado extraoficialmente como Mathias Fuentes Rojas, formalizado días antes por delitos tales como maltrato a personal policial y tráfico de drogas— debía haber ingresado al penal tras la orden judicial, pero el personal que debía hacerlo no cumplió con la medida, permitiendo que la persona quedara en libertad sin que la justicia se aplicara.
Medidas disciplinarias y cooperación con el Ministerio Público
Gendarmería no tardó en reaccionar ante el error: el funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones mientras se realizan las investigaciones internas, dijo la institución. Además, se informó que se notificó «de inmediato» al Ministerio Público para que se indague el caso, y que Gendarmería coopera plenamente con la investigación para aclarar cada detalle de este incidente considerado “inaceptable” por la propia entidad.
Desde el servicio afirmaron que la decisión de sancionar y separar al funcionario envía un mensaje claro: no se tolerarán fallas administrativas que comprometan la integridad del sistema judicial. Además, anunciaron que revisarán y reforzarán los protocolos internos de ingreso a prisión preventiva para evitar que situaciones como esta se repitan.
Un patrón de errores inquietante
Este no es un hecho aislado. A mediados de diciembre, Gendarmería reconoció que un imputado fue liberado por error desde la cárcel de Rancagua, supuestamente debido a una mala interpretación de un documento judicial, según confirmaron medios nacionales.
Incluso antes, en julio pasado, uno de los casos más resonantes fue la liberación de un sujeto implicado en un homicidio de alta connotación pública —el crimen del llamado “Rey de Meiggs”— quien salió en libertad tras una serie de fallas en la ejecución de órdenes judiciales y que incluso fue capturado posteriormente en el extranjero por autoridades colombianas tras haber cruzado la frontera norte.
El telón de fondo: una institución bajo presión
La gravedad de estas fallas no puede analizarse sin considerar el contexto en el que se producen. En las últimas semanas, una de las investigaciones más sonadas del país —la llamada “Operación Apocalipsis”— desarticuló una red de corrupción al interior de las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín, dejando a decenas de gendarmes detenidos por delitos que van desde cohecho hasta facilitar el ingreso de personas y objetos prohibidos.
Todos estos episodios han puesto en tela de juicio la capacidad de Gendarmería para cumplir con sus funciones básicas y mantener el control efectivo de los recintos penitenciarios. El gobierno incluso ha anunciado reformas estructurales que podrían modificar el rol de la institución, separando las labores de resguardo carcelario de las de reinserción social y trasladando su dependencia administrativa del Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública.
Repercusiones y llamado a soluciones duraderas
La liberación accidental de reos que deberían estar en prisión preventiva no solo genera indignación, sino que plantea preguntas inquietantes: ¿Es un problema de capacitación? ¿De protocolos? ¿De recursos humanos insuficientes o de sistemas tecnológicos deficientes? Parlamentarios y expertos han señalado que estos eventos parecen reflejar fallas profundas en el funcionamiento interno de Gendarmería, que van más allá de meros errores aislados, y que requieren soluciones estructurales para proteger la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana.
Para muchos, las consecuencias de estos errores —que en algunos casos, como el del sicario liberado en Santiago 1, fueron monumentales— deben llevar a una revisión profunda de todo el sistema penitenciario chileno, porque cuando se falla en ejecutar la justicia, no solo se afecta el procedimiento judicial, sino la seguridad de toda la sociedad.
