El máximo tribunal del país analiza el comportamiento de magistrados, ministros y relatores que salieron de Chile bajo reposo médico. En medio de un tenso pleno extraordinario, los ministros pusieron sobre la mesa la apertura de cuadernos de remoción invocando la Constitución, mientras se busca evitar un polémico «perdonazo» que ponga en jaque la credibilidad de la justicia.
Una jornada de máxima tensión, hermetismo y profundas repercusiones éticas es la que se vive al interior del Palacio de Tribunales de la capital. Tras varias semanas de postergación, el pleno de la Corte Suprema inició formalmente la revisión masiva de los procedimientos disciplinarios en contra de 104 funcionarios judiciales —incluidos jueces, ministros de cortes de apelaciones y relatores— acusados de haber salido del país en circunstancias en que se encontraban haciendo uso de licencias médicas.
El proceso comenzó este lunes con una extensa jornada de alegatos que se prolongó hasta pasadas las 19:00 horas, donde el máximo tribunal escuchó la defensa de aquellos profesionales que fueron sancionados en primera instancia y presentaron recursos de apelación para rebajar sus castigos. Ante la complejidad y el volumen de las causas, los ministros citaron a un pleno extraordinario con el fin de deliberar, votar y definir si se aplicará «mano dura» o si se abrirá paso a la impunidad institucional.
El fantasma de la remoción por mala conducta
La gravedad de la situación radica en que la cúpula de la magistratura nacional no descarta aplicar las sanciones más severas contempladas en el ordenamiento jurídico chileno. Fue el propio secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien confirmó públicamente que los ministros tienen sobre la mesa la opción real de invocar el artículo 80 de la Constitución Política para iniciar procesos de remoción definitiva por mala conducta en contra de los infractores.
“Está dentro de la facultad del pleno”, limitó a señalar el secretario Sáez, reflejando el ambiente de cautela y presión que rodea al palacio de calle Compañía. Esta alternativa constitucional permite destituir a los magistrados que no hayan tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones, una medida extrema que hoy amenaza directamente las carreras de decenas de togados a nivel nacional.
El polémico precedente de Daniel Urrutia y el temor a un «perdonazo»
La revisión de estos 104 casos ha encendido un fuerte debate sobre la dualidad de criterios dentro del aparato estatal. Mientras la Tercera Sala de la Corte Suprema ha instalado una severa y drástica jurisprudencia que ratifica la destitución inmediata de cualquier empleado público (de ministerios o servicios) que viaje al extranjero con licencia médica sin importar atenuantes ni explicaciones, las Cortes de Apelaciones del país han optado por una postura radicalmente benévola con sus propios pares, dictaminando sobreseimientos, absoluciones o castigos mínimos.
El ejemplo más nítido de este doble estándar fue el bullado sumario administrativo en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El polémico magistrado fue investigado formalmente por realizar dos viajes fuera de Chile bajo el amparo de reposos de salud: uno a Costa Rica en 2020 y otro a Ecuador en 2022. Pese a comprobarse los traslados, Urrutia fue sobreseído por el primer viaje y absuelto —en una reñida votación— por el segundo.
Fuentes internas del Poder Judicial han advertido de manera reservada que, ante los ojos de la ciudadanía, hacer «vista gorda» en los casos donde se acreditó el viaje con reposo médico sería catalogado como un completo escándalo. De ahí el afán de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien impulsó con fuerza que el máximo tribunal revisara de oficio la totalidad de las carpetas, incluso aquellas donde los jueces ya habían sido absueltos por los tribunales de alzada. “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios”, había adelantado la magistrada Chevesich.
La prueba de fuego para la probidad judicial
La verdadera prueba de fuego para el pleno de la Suprema se vivirá una vez que terminen de resolverse las apelaciones de la minoría sancionada y se deba pasar a la revisión del grueso de las causas: aquellas donde los jueces acusados fueron escandalosamente sobreseídos o absueltos por sus redes locales.
Al interior de la judicatura existen severas dudas sobre si existirá el quórum y la voluntad política real para aplicar medidas de expulsión generalizadas, o si finalmente terminará imponiéndose un manto de protección corporativa, el mismo que hoy tiene al sistema judicial chileno bajo el más estricto escrutinio público por parte de la ciudadanía y los sectores políticos del país.
