
La Corte Suprema declaró admisible el requerimiento presentado por las bancadas oficialistas para la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige la investigación penal contra la diputada Karol Cariola (PC) por presunto tráfico de influencias. La solicitud, ingresada el pasado lunes de manera online por los parlamentarios, se basa en supuestas negligencias cometidas por el persecutor durante el desarrollo de la causa.
La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que, “en virtud de los antecedentes que fueron revisados, se estimó que se cumplen los requisitos formales y se declaró admisible la solicitud de remoción y, por lo tanto, se admite a tramitación”.
“Los antecedentes se remitieron al Presidente de la Corte Suprema para que dicte las resoluciones que correspondan, es decir, dar traslado y posteriormente designar al ministro que deberá tomar la audiencia de prueba que pueda ser ofrecida por las partes en la tramitación de la causa”, estableció.
La petición de destitución presentada por los diputados oficialistas se sustenta en una serie de cuestionamientos hacia el actuar del fiscal Patricio Cooper, en particular por el allanamiento al departamento de la diputada Cariola mientras la parlamentaria daba a luz a su primer hijo.
“Existe una negligencia manifiesta por omisión en el cumplimiento de estándares jurídicos mínimos por parte del fiscal Cooper al solicitar el allanamiento del domicilio de la diputada Cariola”, afirmó la diputada Carmen Hertz (PC) al explicar los fundamentos.
Asimismo, Hertz cuestionó que la prensa “llegara al lugar antes de que se concretara la diligencia judicial”, lo que, a su juicio, vulneró la reserva del procedimiento.
Además, los parlamentarios acusan a Cooper de tener “un manejo negligente y culpable” al permitir la filtración de contenidos reservados de la investigación, que involucra también a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
EN tanto, los parlamentarios oficialistas señalaron en la solicitud que la fiscalía actuó de manera desproporcionada, lo que da pie a una negligencia manifiesta en el proceder de la investigación contra la diputada Cariola, lo que comprometería la credibilidad del Ministerio Público y significarían causales de remoción.
Al declararse admisible, sigue su trámite formal para que se analice el fondo del requerimiento.
El proceso contempla que, una vez realizada esta etapa, el Pleno de la Corte Suprema tome una decisión definitiva respecto de la eventual remoción del fiscal Cooper.