La Corte Suprema podría revisar hoy o el lunes un informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que aborda los antecedentes detrás de la liberación de Alberto Mejía, un joven venezolano acusado del homicidio de José Reyes Ossa, alias “Rey de Meiggs”. El hecho ocurrió el 19 de junio y el foco está puesto en lo sucedido dentro del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La investigación inicial indica que no existió una falla técnica en el sistema del Poder Judicial. En su lugar, se habría producido una equivocación por parte de un funcionario, quien envió a Gendarmería un oficio que anulaba la medida cautelar dictada previamente, contenida en un documento correctamente tramitado.
Según fuentes cercanas al funcionamiento interno del sistema, ese segundo oficio que contenía un nombre incorrecto para la medida cautelar no debía haber sido remitido a Gendarmería, sino que debió haberse resuelto de manera interna. Este desliz administrativo fue lo que permitió, finalmente, la liberación del imputado, hoy en el centro del debate judicial.
La fiscalía por su parte, mantiene abierta una investigación para establecer si el envío del oficio que anuló indebidamente la prisión preventiva fue producto de un error o si hubo una intención dolosa detrás.
