La megatoma de San Antonio, la mayor toma de terrenos del país que alberga a más de 10 mil personas, enfrenta nuevamente la incertidumbre sobre su futuro luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidiera derivar a sala tramitadora el requerimiento presentado por los propietarios del terreno. Esta medida mantiene en suspenso la orden de desalojo dictada el pasado 3 de octubre, cuando el tribunal autorizó la desocupación del predio sin establecer un plazo definitivo para su ejecución.
La resolución fue recibida con alivio por la comunidad de ocupantes. Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio y residente del Cerro Centinela, señaló que la decisión representa «un respiro«, ya que postergará nuevamente la fecha para el desalojo definitivo de las viviendas.
El tribunal revisará además los antecedentes aportados por la Mesa Investigativa, un grupo de 23 dirigentes de la toma, quienes aseguran que fueron invitados a habitar el terreno por uno de los antiguos propietarios, Luis Medel, lo que complica el análisis de la situación legal de los ocupantes.
Por su parte, Diego Pereira, representante legal de los actuales dueños del predio, manifestó estar conforme con que el requerimiento haya pasado a la sala tramitadora, aunque expresó su molestia por la constante dilación del proceso judicial: «Cualquier proceso de conciliación que busquen iniciar los ocupantes es de carácter ilegal«, advirtió.
En paralelo, el municipio de San Antonio junto a los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Bienes Nacionales y Vivienda continúan coordinando un plan de traslado para las familias afectadas. Un informe con posibles espacios transitorios ya fue entregado a la Corte de Apelaciones, a la espera de que el tribunal determine finalmente cuándo se concretará el desalojo de la megátoma.
Mientras tanto, la comunidad mantiene la expectativa y la tensión por la indefinición judicial, que prolonga la incertidumbre sobre el destino de los miles de habitantes del predio. La resolución de la Corte será clave para definir si se ejecuta el desalojo o si se establecen mecanismos alternativos para garantizar la protección de las familias y la legalidad de la ocupación.
