En un fallo unánime, el tribunal valdiviano concluyó que la Armada aplicó sanciones arbitrarias a una funcionaria que denunció haber sido violada por un superior, instruyendo suprimir todo registro disciplinario, revisar protocolos internos y adecuar el Reglamento de Disciplina a las leyes de igualdad y no violencia de género.
La decisión cayó como un verdadero remezón institucional. La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la Armada de Chile modificar su reglamento disciplinario y revisar sus prácticas internas luego de determinar que la institución actuó con discriminación de género, arbitrariedad y prejuicios al sancionar a una suboficial que, según su denuncia, había sido víctima de una agresión sexual durante un rito de promoción realizado en dependencias de la Gobernación Marítima local.
El tribunal acogió —por unanimidad— un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), concluyendo que la funcionaria fue sometida a un trato institucional marcado por estereotipos machistas, prácticas toleradas por años y un proceso disciplinario que terminó responsabilizándola a ella, en vez de investigar de manera adecuada la denuncia de violación que interpuso contra un superior.
Según la resolución, la Armada sancionó a la suboficial por un supuesto “abuso de confianza” y por haber “faltado el respeto” a un superior al realizar un baile calificado como “provocativo”. Sin embargo, el tribunal estableció que la mujer se encontraba privada de sentido, tras consumir una bebida preparada por superiores durante el ritual, y que no estaba en condiciones de consentir ni rechazar acción alguna. Aun así, la institución la trató como responsable de la situación, castigándola y limitando sus funciones operativas.
Para la Corte, este actuar no fue un error aislado, sino parte de una cultura organizacional patriarcal, tolerada por el mando institucional, que expone a las mujeres a situaciones de riesgo, desigualdad y hostigamiento. El fallo recalca que la funcionaria fue incorporada a la institución “en posición de inferioridad”, siendo evaluada bajo parámetros distintos a sus pares hombres y enfrentando prejuicios que impidieron esclarecer adecuadamente los hechos.
La sentencia señala además que el proceso disciplinario estuvo marcado por “opiniones preconcebidas”, sesgos y un manejo “atípico e impropio de la moral sexual”, que terminó imputándole faltas inexistentes y aplicándole medidas que afectaron su desempeño profesional, como prohibirle portar armamento o hacer guardias.
Medidas ordenadas por el tribunal: un giro profundo a la estructura disciplinaria
La Corte no solo anuló las sanciones contra la funcionaria: también exigió una serie de medidas de fondo que impactarán directamente a la Armada y al Ministerio de Defensa.
1. Eliminación total de las sanciones contra la suboficial
Se ordena borrar completamente todo registro público, reservado o confidencial de las medidas disciplinarias aplicadas en su contra. Nada podrá quedar archivado, ni siquiera de manera indirecta. La investigación sumaria deberá mantenerse bajo estricta reserva.
2. Restitución de sus funciones sin restricciones
La Armada deberá devolverle su cargo y funciones sin limitaciones, salvo que dos profesionales psiquiatras —uno externo a la institución— determinen lo contrario por motivos médicos.
3. Reformas internas y capacitaciones obligatorias
En coordinación con el Ministerio de la Mujer, la Armada deberá identificar espacios donde persisten patrones de discriminación, rediseñar políticas internas, implementar capacitaciones evaluadas y generar mecanismos de investigación con garantías procesales reforzadas para denunciantes.
4. Ministerio de Defensa deberá reescribir el Reglamento de Disciplina
El fallo ordena ajustar el reglamento para alinearlo con las leyes vigentes sobre violencia y discriminación de género. El Ministerio tiene seis meses para emitir el decreto supremo que incorpore los cambios.
5. Contraloría investigará responsabilidades internas
El caso será remitido a la Contraloría General para determinar eventuales inconductas de las autoridades que participaron en el proceso disciplinario.
Con esta decisión, la Corte de Valdivia no solo corrige un caso puntual, sino que envía un mensaje directo a las Fuerzas Armadas: tolerar prácticas discriminatorias ya no tiene cabida en el Estado y las instituciones deberán reestructurar sus normas y procedimientos para garantizar igualdad real.
