Un contundente revés judicial sufrió la Comandancia de Guarnición del Ejército en el extremo norte del país. La Corte de Apelaciones de Arica determinó que la institución vulneró el debido proceso al dejar a firme una serie de castigos disciplinarios contra cinco funcionarios, ignorando que estos habían presentado su reconsideración en tiempo y forma. La sentencia, dictada de manera unánime, ordena anular de inmediato la resolución que ejecutaba las sanciones, obligando al alto mando a tramitar las defensas conforme lo dicta la Constitución.
Según el fallo entregado por la Corte de Apelaciones, el conflicto jurídico escaló cuando el tribunal de alzada descubrió que el Ejército nunca procesó los descargos enviados por los afectados a través de una casilla institucional. Pese a que el correo electrónico fue remitido oportunamente, la recurrida alegó no haberlo recibido por «motivos desconocidos», cerrando el caso sin dar espacio a la réplica. Ante esto, la Primera Sala fue tajante al señalar que este actuar se aleja de la tramitación regular que rige para cualquier ciudadano, rompiendo el principio de igualdad ante la ley.
Sobre la gravedad de esta omisión, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica estableció que “(…) no puede soslayarse la existencia de una vulneración manifiesta al debido proceso, toda vez que de los antecedentes se desprende que la recurrente acompañó oportunamente un recurso de reconsideración y que por motivos desconocidos no fue recibido por la recurrida”. Este fallo obliga a la institución a reabrir el expediente administrativo para garantizar que los uniformados no queden en la indefensión.
En ese sentido, la resolución beneficia directamente a los funcionarios de iniciales C.M.O., A.D.H., D.C.I., M.R.B. y V.D.M., quienes fueron representados legalmente por C.A.G.H. Con esta orden judicial, la Comandancia de Guarnición debe proceder ahora a conocer y resolver el fondo de la reconsideración, asegurando que el procedimiento administrativo se ajuste estrictamente a las garantías constitucionales que protegen a todos los chilenos.
