Luego de conocerse que tres funcionarios de Gendarmería fueron imputados por la omisión de la muerte de un interno la Corte de Apelaciones de Arica confirmó que enfrentarán la investigación en libertad tras rechazar la petición de la fiscalía que solicitó prisión preventiva.
Es así como el pasado viernes la Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público el que intentaba revertir la decisión del Juzgado de Garantía de no aplicar prisión preventiva a los tres funcionarios de Gendarmería que fueron imputados por el presunto delito de homicidio simple por omisión, en el contexto de la muerte de un interno ocurrida en diciembre de 2024.
En ese sentido, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscalía por “defectos de forma en su interposición”, ratificándose como consecuencia lo resuelto previamente por la jueza Ana Sepúlveda Burgos, quien en la audiencia de formalización determinó que no existían antecedentes que permitieran vincular de forma directa y dolosa a los gendarmes con el fallecimiento del interno, desestimando con ello los presupuestos legales necesarios ante la medida cautelar solicitada.
Por parte de la Defensoría Pública, Rodrigo Torres Díaz y Ginger Riffo Gaete, fueron los que asumieron la defensa de los funcionarios imputados, los que valoraron tanto la resolución del tribunal de garantía como la ratificación posterior por parte de la Corte de Apelaciones.
Ante ello, el defensor Rodrigo Torres, señaló que desde el primer momento sostuvieron que no existían antecedentes que “justificaran la existencia del delito ni la participación de nuestros representados, y mucho menos una medida tan gravosa como la prisión preventiva”. Añadiendo que “esta resolución reafirma que las cautelares deben aplicarse con estricto apego a la legalidad y a los derechos fundamentales”.
En tanto, Ginger Riffo destacó que “el sistema penal exige un estándar probatorio mínimo para afectar derechos fundamentales. En este caso, ese estándar simplemente no se cumplía. Lo que ha ocurrido es una señal de respeto al debido proceso.
Finalmente, se determinó que el proceso investigación se desarrollará con un plazo de 90 días, cumpliendo con el tiempo establecido en primera instancia.
