La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a los municipios del país a adoptar medidas concretas para prevenir el abandono de mascotas durante los procedimientos de desalojo en tomas o asentamientos irregulares, luego de constatar incumplimientos en comunas de la Región Metropolitana.
El dictamen surge tras denuncias dirigidas contra las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal, acusadas de no haber aplicado protocolos de protección animal en operativos de desalojo. En particular, el ente contralor verificó que no existían registros ni catastros de los animales presentes en la “Toma Dignidad” (La Florida) ni en la “Toma 17 de mayo” (Cerro Navia), lo que evidenció la falta de planificación y resguardo del bienestar animal.
MUNICIPIOS OBLIGADOS A CATASTRAR ANIMALES EN RIESGO
La Contraloría recordó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) puso a disposición de los municipios un protocolo nacional para prevenir el abandono de mascotas en desalojos, el cual entrega orientaciones sobre la coordinación entre autoridades, equipos veterinarios y organizaciones animalistas.
El documento recomienda que cada municipio realice un catastro previo de los animales que habitan en los inmuebles tomados, con el fin de garantizar su protección y evitar su abandono durante las operaciones. Además, las autoridades locales deberán disponer de espacios transitorios o convenios con refugios que permitan la reubicación segura de los animales afectados.
La CGR estableció que la falta de registro y medidas preventivas constituye una omisión administrativa, por lo que los municipios deberán ajustar sus procedimientos a la normativa vigente sobre bienestar animal.
UNA CRISIS QUE EXIGE ACCIÓN COORDINADA
El dictamen de Contraloría se emite en medio de una grave crisis de abandono de mascotas en Chile, donde más de 4 millones de perros y gatos viven en la calle, según el Primer Censo Nacional de Mascotas (2022). De ellos, 3,46 millones son perros y 588 mil gatos, siendo la Región de Valparaíso una de las más afectadas, con más de 100 mil animales abandonados.
El abandono genera problemas de salud pública, como la propagación de enfermedades zoonóticas, además de impactos en el bienestar animal y la convivencia comunitaria.
CUADRO DEMOSTRATIVO: DIMENSIÓN DEL ABANDONO DE MASCOTAS EN CHILE
| Indicador | Dato nacional | Fuente |
|---|---|---|
| Mascotas en situación de calle | +4 millones | Censo Nacional de Mascotas (2022) |
| Perros sin hogar | 3,46 millones | Censo Nacional de Mascotas (2022) |
| Gatos sin hogar | 588 mil | Censo Nacional de Mascotas (2022) |
| Región más afectada | Valparaíso (100 mil perros abandonados) | Censo Nacional de Mascotas (2022) |
LEYES Y NUEVAS RESPONSABILIDADES MUNICIPALES
Chile aprobó en 2025 la Ley de Abandono Animal, que establece penas de hasta tres años de cárcel para quienes abandonen a una mascota. En paralelo, se impulsa la creación de un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal, con el fin de sancionar y transparentar los casos de crueldad o negligencia hacia los animales.
En este contexto, la resolución de la Contraloría refuerza la obligación de los municipios de asumir un rol activo en la tenencia responsable y el bienestar animal, no solo en programas de esterilización y adopción, sino también en situaciones críticas como desalojos o emergencias habitacionales.
“El abandono en contextos de desalojo no puede seguir siendo un efecto colateral. Los municipios deben incorporar la protección animal como parte esencial de sus protocolos”, indicó una fuente del ente contralor.
HACIA UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD
La orden de la Contraloría marca un precedente en la protección institucional de los animales, obligando a las autoridades locales a integrar criterios de bienestar animal en las políticas urbanas y sociales.
Si bien el país ha avanzado en legislación, la aplicación práctica sigue siendo dispareja, especialmente en municipios con alta presión habitacional o limitados recursos.
El desafío ahora será traducir el dictamen en acciones concretas, asegurando que ningún desalojo implique el abandono o sufrimiento de animales, y que las municipalidades actúen en conjunto con servicios públicos, rescatistas y organizaciones animalistas para enfrentar una problemática que trasciende la tenencia y toca el ámbito de la ética social y la convivencia ciudadana.
