La Contraloría General de la República tomó una decisión clave al rechazar la solicitud presentada por la defensa de la ministra Ángela Vivanco. La petición solicitaba que el ente contralor declarara ilegal el proceso de remoción iniciado por la Corte Suprema tras la revelación de conversaciones privadas entre la jueza Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, que datan de 2018 a 2023. Según el Ministerio Público, estos chats sugieren posibles irregularidades y delitos que actualmente están siendo investigados por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
La Contraloría decidió no intervenir en el proceso de remoción, citando su imposibilidad para pronunciarse sobre situaciones ya en conocimiento de los tribunales. Esta decisión se basa en la jurisprudencia administrativa y en los artículos 80 y 82 de la Constitución Política de la República, que limitan su intervención en casos que están siendo revisados por los Tribunales de Justicia. El texto constitucional establece que “la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes.”
En este contexto, la Contraloría recordó que su rol no incluye la revisión de las decisiones de los tribunales superiores, los cuales tienen la autoridad disciplinaria exclusiva sobre sus jueces. “Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva,” subraya el texto constitucional. Esta normativa asegura que las decisiones relacionadas con la conducta de los jueces sean gestionadas por el poder judicial y no por el ente contralor.
Así, la Contraloría se limita a sus competencias establecidas y deja el camino abierto para que la Corte Suprema continúe con el proceso de remoción de la ministra Ángela Vivanco, en conformidad con los procedimientos legales pertinentes. La situación subraya la separación de poderes y el respeto a los roles establecidos para cada entidad dentro del sistema judicial y administrativo del país.
