La contralora, Dorothy Pérez, reveló en su Cuenta Pública 2025 que el paso fronterizo opera con equipos clave inoperativos y falta de personal especializado. El informe global denunció además un fraude masivo en licencias médicas y corrupción en municipios y hospitales que salpican a todo el país.
En una jornada que ha sacudido los cimientos de la administración pública, la Contraloría General de la República presentó su Cuenta Pública 2025, exponiendo un mapa de irregularidades que afecta directamente a la seguridad nacional. Bajo la mirada del Presidente José Antonio Kast, la contralora Dorothy Pérez puso especial énfasis en la vulnerabilidad del Paso Fronterizo Colchane, donde la fiscalización reveló un escenario de abandono técnico y operativo.
Colchane: Una frontera «a ciegas»
Pese a los constantes anuncios de refuerzo en la macrozona norte, el informe de Contraloría fue lapidario respecto al principal punto de control de la Región de Tarapacá. Según el ente fiscalizador, en Colchane se identificaron equipos críticos inoperativos, tales como el Body Scan, máquinas de rayos X e incluso el incinerador, herramientas básicas para el combate al contrabando y el ingreso de elementos ilícitos.
A la falla tecnológica se suma una crisis de recursos humanos: se detectó una dotación insuficiente de la PDI y una alarmante ausencia de Carabineros dentro del recinto, además de la inexistencia de unidades especializadas en el tráfico de drogas, lo que deja al complejo fronterizo en una posición de extrema debilidad frente al crimen organizado.
El «Gran Fraude» de las licencias médicas
A nivel nacional, el informe reveló una cifra negra que indignó a la opinión pública: más de 55 mil licencias médicas irregulares durante 2025. Entre los hallazgos más insólitos destacan:
- 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con licencia médica.
- 6.311 trabajadores del Estado usaron su licencia para trabajar en el sector privado, recibiendo sueldos de hasta tres empleos simultáneos.
- Médicos que atendían partos privados y funcionarios que apostaban en casinos mientras estaban supuestamente incapacitados.
Corrupción en municipios y salud: Privilegios y omisiones
La «limpieza» de la Contraloría alcanzó a casi todas las instituciones. En el ámbito municipal, se denunció la entrega de licencias de conducir a personas privadas de libertad, deudores de pensión alimenticia y familiares de los propios funcionarios.
En los hospitales, la situación no fue distinta: se detectó la priorización de cirugías para familiares y funcionarios, saltándose arbitrariamente las listas de espera de miles de chilenos. Por su parte, la Dicrep (la «Tía Rica») fue calificada como la auditoría más delicada, tras hallarse una nula fiscalización sobre la procedencia de especies, permitiendo que personas con antecedentes penales realizaran empeños recurrentes por sumas millonarias.
Un llamado a la transparencia
«Nosotros rendimos cuenta porque los ciudadanos tienen derecho y merecen saber lo que hacemos con los fondos que les pertenecen», aseveró Dorothy Pérez, subrayando que el trabajo de fiscalización del último año generó un ahorro al fisco de 645 millones de dólares.
Para los habitantes de Tarapacá, el informe confirma los temores sobre la porosidad de la frontera, dejando la pelota en la cancha del Gobierno para reparar de inmediato la infraestructura fallida en Colchane y dotar al paso fronterizo de la seguridad que la soberanía nacional exige.
