El lapidario informe final sobre el Censo 2024 reveló que el organismo incorporó a 16 delincuentes —condenados por narcotráfico, robo y estafa— y a 14 extranjeros no habilitados para trabajar. Además, el ente contralor denunció ante el Ministerio Público un millonario conflicto de interés por $1.700 millones que involucra a una exasesora.
Un verdadero terremoto institucional sacude los cimientos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tras una exhaustiva fiscalización iniciada a fines de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) evacuó su informe final de auditoría respecto a los procesos asociados al Censo de Población y Vivienda 2024, detectando graves fallas de seguridad, contratación de personal irregular y un eventual fraude a la probidad pública.
Ante la contundencia de los hallazgos, el INE emitió un comunicado oficial reconociendo las anomalías, informando que instruyó un sumario administrativo inmediato e ingresó una solicitud de reconsideración legal ante Contraloría por reparos en cobros de multas y arriendos. Pese a que el organismo defendió que el proceso implicó la contratación de más de 38.000 personas en 345 comunas, las negligencias detectadas en los filtros de selección abrieron una profunda crisis.
Narcotráfico, robos y documentos adulterados en terreno
El punto más alarmante de la fiscalización determinó que el INE contrató a 16 personas que registraban antecedentes penales vigentes, quienes recorrieron los hogares del país con credenciales oficiales. Dentro de este grupo se cuentan sujetos con condenas por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
La indagatoria destapó además un preocupante dolo: en seis de estos casos, los censistas presentaron certificados que no reflejaban fielmente su prontuario, vulnerando los sistemas informáticos o manuales de validación. En los 10 casos restantes, la negligencia fue del propio INE, ya que no fue posible demostrar que el organismo haya exigido el certificado de antecedentes obligatorio antes de firmar los contratos. Debido a la gravedad de los hechos, el caso fue denunciado de forma criminal ante el Ministerio Público.
Censistas con expulsión judicial vigente
Paralelamente, el ente fiscalizador descubrió severas irregularidades migratorias en el personal desplegado entre marzo y julio de 2024. Contraloría verificó la contratación de 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados para trabajar, al carecer de visas temporales o definitivas vigentes.
El desglose arrojó una realidad aún más compleja: cinco de estos trabajadores correspondían a exresidentes a quienes el Estado de Chile les había revocado sus permisos por diversos motivos, existiendo en este grupo un censista que contaba con una orden de expulsión administrativa vigente del país al momento de ser contratado por el organismo estatal.
Conflicto de interés en licitación de $1.700 millones
Más allá de las fallas en el reclutamiento, Contraloría identificó un presunto delito de corrupción institucional en las altas esferas del proceso censal. El informe constató un evidente conflicto de interés en una licitación adjudicada por cerca de $1.700 millones.
La anomalía apunta a una exasesora del Censo que participó como experta en la comisión evaluadora de la millonaria licitación, de forma paralela a su rol como representante legal de McCann Erickson S.A., firma que controlaba el 60% de las acciones de Dittborn y Unzueta S.A., la empresa que sospechosamente terminó quedándose con el millonario contrato de publicidad estatal. A juicio de la Contraloría, esta acción configuró una vulneración flagrante a las normas de probidad administrativa reguladas por la Ley N° 20.880, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos directamente a la Fiscalía de Alta Complejidad para iniciar causas penales.
El INE tiene ahora un plazo fatal de 15 días para reportar el avance de los procedimientos disciplinarios dirigidos a buscar la responsabilidad jerárquica de quienes visaron estos contratos y pusieron en riesgo la fe pública de las estadísticas nacionales.
