La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto bajo la lupa a la Dirección de Vialidad de Arica tras detectar una serie de irregularidades que comprometen la seguridad vial y el manejo de recursos públicos en las obras de emergencia ejecutadas en la Cuesta Cultura Chinchorro, sector clave de la Ruta 5 Norte que en octubre de 2024 sufrió un masivo deslizamiento de rocas y materiales que dejó aislada a la Región de Arica y Parinacota.
El informe preliminar que da inicio al sumario administrativo (oficio N° E135081, 2025) revela deficiencias técnicas y administrativas preocupantes que, según advierte la CGR, no solo incumplen normas básicas de ingeniería, sino que también podrían poner en riesgo a los usuarios y la conectividad regional.
Fallas técnicas y riesgos de seguridad
Entre las anomalías más graves, se destaca que los trabajos de mitigación se realizaron sin un informe de geotecnia que garantizara la estabilidad del cerro y avalara la solución adoptada. Esta ausencia representa una negligencia técnica imperdonable para una obra que busca prevenir desastres naturales en una vía crítica.
Asimismo, la malla instalada para contener futuros deslizamientos no respeta ni el perfil ni el esquema diseñado por el fabricante, lo que pone en duda su eficacia real. Aún más alarmante, no se han efectuado ensayos de resistencia para los pernos de anclaje ni para los cables que sostienen la malla, dejando al descubierto la posibilidad de que el sistema falle ante nuevas caídas de material, con el consiguiente peligro para la seguridad de quienes transitan por la ruta.
Irregularidades administrativas y financieras
En paralelo, la Contraloría denuncia un desorden administrativo que agrava la situación. El convenio de trato directo para la ejecución de la obra, firmado el 30 de octubre de 2024, carece de la aprobación formal mediante acto administrativo, incumpliendo los procedimientos legales para contratos públicos, lo que afecta la transparencia y la legalidad del proceso.
La entidad también cuestiona la falta de documentación que explique la tardanza en la firma de este contrato, un hecho inaceptable tratándose de obras de emergencia que requieren respuestas rápidas y efectivas. Peor aún, el contratista encargado ha ejecutado las labores sin recibir pago alguno, situación que genera un riesgo real de insolvencia y abandono de las obras, lo que podría retrasar aún más la recuperación de la ruta.
Además, la obra carece de identificación presupuestaria, un elemento fundamental para el control y seguimiento del gasto público, lo que implica un potencial mal uso de recursos y dificulta la fiscalización.
Antecedentes históricos de la Cuesta Chinchorro
La Cuesta Cultura Chinchorro, ubicada en un tramo crítico de la Ruta 5 Norte, ha sido históricamente una zona vulnerable a fenómenos naturales como deslizamientos y lluvias intensas, debido a su geografía accidentada y composición del terreno. En 2015 y 2017, episodios similares ya afectaron el tránsito y generaron preocupación en las autoridades y la población local, aunque en menor escala que el evento ocurrido en octubre de 2024, que se transformó en uno de los cortes viales más prolongados y graves en la historia reciente de la región.
Esta ruta no solo conecta a la región con el resto del país, sino que es esencial para el transporte de mercancías, productos agrícolas y suministros básicos. Su cierre prolongado afectó la economía regional y el acceso a servicios fundamentales.
Impacto social y económico
El aislamiento generado por el cierre de la ruta tuvo un impacto profundo en la vida de miles de habitantes de Arica y Parinacota. El corte vial provocó retrasos en la entrega de alimentos, medicamentos y combustibles, afectando especialmente a comunidades rurales y a sectores vulnerables.
Para las empresas locales, la interrupción del tránsito significó pérdidas millonarias, además de la imposibilidad de mantener cadenas de suministro estables. La falta de previsión y la demora en la ejecución de obras confiables ha generado críticas de usuarios, gremios y autoridades locales, que demandan respuestas efectivas y transparentes.
La comunidad también ha expresado su preocupación ante el riesgo latente de nuevos deslizamientos, dada la falta de estudios técnicos adecuados y el deficiente estado de las obras de contención, lo que genera un clima de incertidumbre y temor por la seguridad vial.
Exigencias y próximos pasos
Estas deficiencias han motivado a la Contraloría a iniciar un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, además de exigir a la Dirección de Vialidad la entrega en un plazo máximo de 30 días hábiles de todos los informes técnicos, certificaciones de ensayos y documentación que respalde la ejecución y control del proyecto.
La CGR subraya que el uso eficiente y transparente de los recursos públicos es indispensable para evitar mayores impactos sociales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
