Un avance histórico en materia de inclusión quedó a un paso de concretarse en Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones del Senado al proyecto que otorga prioridad en la atención a personas con discapacidad y a quienes las cuidan, en todo tipo de servicios públicos y privados.
Con este respaldo transversal, la iniciativa fue despachada al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Una ley nacida desde la ciudadanía
El proyecto, identificado con el boletín 16.396, nació como una moción parlamentaria presentada por la diputada independiente Marlene Pérez, junto a legisladores de la bancada UDI. La propuesta modifica la Ley 20.422, que regula la igualdad de oportunidades e inclusión social, y responde a una demanda sentida por las personas con discapacidad: ser atendidas con respeto, dignidad y sin largas esperas.
La futura ley establece que quienes cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente del Registro Civil tendrán acceso a atención preferente, lo mismo que sus cuidadores, siempre que posean acreditación oficial. Además, se abre la puerta a otros mecanismos legales de certificación para respaldar este derecho.
Alcances y sanciones
El beneficio se aplicará tanto en instituciones del Estado como en el sector privado, incluyendo comercios, bancos, centros de servicios y cualquier proveedor definido en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Esto significa que, si una empresa o proveedor niega este derecho, se considerará una infracción a la no discriminación arbitraria, con las sanciones que ello implica.
Asimismo, se deja claro qué se entenderá por atención preferente: la obligación de implementar medidas que reduzcan tiempos de espera y aseguren siempre un trato digno y respetuoso.
En el ámbito de la salud, regirá lo ya establecido en la Ley 20.584, que protege la atención prioritaria de adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores.
Debate con respaldo transversal
Durante la discusión en sala, parlamentarios de distintos sectores —entre ellos Ana María Gazmuri, Marcos Ilabaca, Helia Molina, Maite Orsini, Francisco Undurraga, Ximena Ossandón y Daniella Cicardini— coincidieron en que se trata de un paso fundamental en equidad y justicia social.
Si bien el apoyo fue unánime, varios hicieron hincapié en que este avance debe ir acompañado de recursos y políticas públicas concretas, para que no quede en una ley simbólica sin aplicación real. “La inclusión no se trata solo de normativas, sino de cambios culturales profundos”, señalaron algunos.
Desde el Ejecutivo, la ministra (s) de Desarrollo Social, Paula Poblete, respaldó la iniciativa y destacó que la atención preferente “no es un privilegio, sino una medida de equidad que complementa el camino hacia una sociedad más inclusiva”.
Más integración cultural: convenio audiovisual con Costa Rica
La sesión de la Cámara también aprobó un segundo punto relevante: el convenio de coproducción audiovisual entre Chile y Costa Rica (boletín 17.752), firmado en octubre de 2023.
El acuerdo busca potenciar la creación conjunta de películas y series de televisión, que serán reconocidas como producciones nacionales en ambos países. Esto permitirá acceder a beneficios económicos, incentivos culturales y mayor circulación internacional de obras.
El diputado Stephan Schubert, encargado del informe, destacó que este tipo de convenios no solo fortalecen la industria audiovisual, sino que también generan empleo, proyección cultural y presencia internacional para Chile.
📌 Con estas decisiones, el Congreso no solo dio un paso en inclusión social con la nueva ley, sino que también abrió la puerta a más integración cultural con un acuerdo que potenciará la producción audiovisual chilena en alianza con Costa Rica.
