La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comenzó a discutir una polémica propuesta que busca limitar de manera estricta la actividad de comerciantes ambulantes en las inmediaciones de edificios estatales y tribunales de justicia.
La iniciativa establece una zona de exclusión de 500 metros alrededor de estas instalaciones, lo que ha generado un amplio debate entre parlamentarios y autoridades locales.
El origen de la propuesta
El proyecto (boletín 17.108) fue presentado por un grupo de diputados encabezados por Jorge Alessandri (UDI), quien justificó la medida señalando que el comercio ambulante “es un flagelo que no solo afecta al orden y la limpieza, sino que además fomenta la competencia desleal con los negocios establecidos y, en muchos casos, abre espacios a la delincuencia”. Según el parlamentario, los puntos más críticos se concentran en el centro cívico de Santiago, Maipú y otras comunas urbanas, donde la saturación del espacio público complica el tránsito peatonal y la labor policial.
La moción busca modificar la Ley 21.426, que regula el comercio ilegal, y entregar una herramienta concreta para despejar las zonas de mayor afluencia ciudadana, en particular aquellas relacionadas con la atención de servicios públicos.
Críticas desde la vereda opuesta
No todos comparten la visión de Alessandri. El diputado Jaime Araya (independiente) advirtió que la propuesta no distingue entre comercio ilegal y comercio ambulante regulado por los municipios. “En ciudades como Antofagasta, aplicar un perímetro de 500 metros dejaría prácticamente todo el centro cívico bajo prohibición. Eso afectaría también actividades culturales y ferias de fin de semana que no compiten con el comercio formal”, recalcó.
En la misma línea, la diputada Lorena Fries (independiente) expresó su preocupación por la rigidez de la medida. “No es lo mismo Santiago centro que comunas como San Joaquín o El Bosque. Las realidades locales son distintas y hoy son las ordenanzas municipales las que permiten cierta flexibilidad. Esta iniciativa, en cambio, corre el riesgo de sobrecargar aún más a Carabineros y a los equipos de seguridad municipal”, puntualizó.
El rol de los municipios
El debate también ha girado en torno a la responsabilidad de los gobiernos locales. Mientras Alessandri insiste en que los municipios han fracasado en la fiscalización del comercio ilegal, otros parlamentarios sostienen que la falta de personal y recursos hace imposible enfrentar por sí solos el problema.
La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) fue convocada a las próximas sesiones para entregar su visión sobre cómo una normativa nacional podría afectar la autonomía local y la gestión del espacio público.
Próximos pasos
La Comisión de Seguridad Ciudadana acordó continuar con el análisis de la moción invitando también a los ministros de Seguridad Pública y de Economía. La idea es escuchar sus posiciones antes de avanzar en la redacción del articulado definitivo.
En paralelo, la discusión ya comenzó a instalarse en la opinión pública: ¿se trata de una medida necesaria para recuperar el orden en espacios altamente concurridos, o de una restricción excesiva que invisibiliza a miles de familias que dependen del comercio ambulante regulado?
El desenlace aún es incierto, pero lo que está claro es que el proyecto abrió una controversia que toca fibras sensibles: la seguridad ciudadana, la economía informal y la capacidad de los municipios de responder a realidades diversas en cada territorio.
