La Fiscalía de Tarapacá obtuvo un veredicto condenatorio en contra de un hombre chileno de 28 años, declarado culpable como autor de homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, tras dar muerte a un joven y ocultar su cuerpo en un sector eriazo de la comuna de Pozo Almonte.
Durante el juicio oral, el fiscal de delitos violentos Francisco Almazán presentó una amplia batería de pruebas, entre ellas testimonios, peritajes, registros fotográficos y audiovisuales, que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos en agosto de 2023.
La investigación estableció que el imputado Gabriel Poveda Tara contactó a la víctima, identificada con las iniciales R.P.S., de 24 años, bajo el pretexto de realizar una supuesta transacción de drogas. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo y logró probar que su intención real era darle muerte debido a rencillas previas entre ambos.
Según lo expuesto en estrados, el acusado pasó a buscar a la víctima en su vehículo y se dirigió a un camino secundario del sector de Cala Cala, donde lo atacó con un objeto contundente y posteriormente le disparó en la cabeza, provocándole la muerte. Luego, enterró el cuerpo en el mismo lugar para ocultar el crimen.
El cadáver fue encontrado semanas más tarde por la Policía de Investigaciones, junto a una pistola calibre 9 milímetros y municiones que el imputado había ocultado en una mochila, elementos que serían compatibles con el arma utilizada en el homicidio.
Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada de Homicidios, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá, a partir de una denuncia por presunta desgracia. El análisis de cámaras de seguridad, tráfico de datos del teléfono celular del imputado y declaraciones de testigos permitió detectar inconsistencias en su versión inicial, lo que derivó en una confesión posterior.
El tribunal acogió la agravante de premeditación, dictando veredicto condenatorio por los delitos imputados. La lectura de sentencia fue fijada para el 30 de enero, instancia en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el condenado.
