Los concejales de Iquique Martín Lonza, Domingo Campodónico, Cristian Barra, Néstor Jofré Cáceres, Carolina Valdez y Washington Maldonado, llegaron hasta la Contraloría Regional de Tarapacá para presentar una denuncia por “Presunta Irregularidad y Vicios en Contratación Municipal”, que tiene relación con la actividad realizada por el municipio de Iquique “La Calle de los Niños”.
En ese sentido, los ediles informaron que “como, concejales de la Ilustre Municipalidad de Iquique, respetuosamente venimos a formular denuncia por presuntas irregularidades administrativas y vicios de legalidad en un proceso de contratación municipal llevado a cabo por el Municipio de Iquique, conforme a los antecedentes que paso a exponer:
En el documento al que tuvo acceso Vilas Radio, los concejales, detallan que con “fecha reciente, la empresa Slot Producciones ingresó una presentación ante la Municipalidad de Iquique y remitió copia a este Concejo Municipal, denunciando que en una licitación pública -de la cual resultó adjudicataria una empresa distinta- existirían irregularidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa ganadora, especialmente la ausencia de patente comercial en la comuna de Iquique”.
Por otra parte, el documento indica que la empresa denunciante sostiene “además que el jefe de la Unidad de Control Municipal habría intervenido activamente en el proceso de evaluación de ofertas o en la toma de decisiones de la comisión evaluadora, excediendo sus facultades legales, toda vez que el cargo de Control tiene un carácter de fiscalización interna posterior y no de participación en la adjudicación de licitaciones”.
Ante ello, de la “revisión preliminar realizada por este concejal, se advierte que la empresa adjudicataria mantiene patente comercial vigente en la comuna de Temuco, con giro vinculado a la producción y organización de eventos masivos. Sin embargo, el contrato adjudicado involucra la prestación de servicios recurrentes y con ejecución en la comuna de Iquique, lo cual podría configurar una actividad permanente sujeta a tributación local y, por tanto, exigiría patente municipal en esta comuna conforme al artículo 23 y siguientes del Decreto Ley N° 3.063 de 1979 (Ley de Rentas Municipales).
Debido a ello los concejales indican que existen antecedentes que indicarían que después de la adjudicación “el contrato o sus condiciones originales habrían sido modificados mediante acto administrativo complementario, alterando aspectos relevantes de su alcance o del presupuesto aprobado”.
En relación con ello el documento explica que dicha modificación, “si no fue debidamente fundamentada o visada conforme al procedimiento establecido por la Ley N° 19.886 y su Reglamento, podría constituir un vicio de nulidad en la contratación pública, al alterar sustancialmente las condiciones del proceso licitatorio y afectar el principio de igualdad entre oferentes”.
De este modo, los antecedentes los han hecho llegar hasta el organismo contralor para verificar que todo lo denunciado sea regularizado y que se logre establecer qué es lo que realmente sucedió ante la actividad que se llevó a cabo este fin de semana y que tuvo un costo asociado de $150 millones de pesos, presupuesto que fue aprobado por el Concejo Municipal de la comuna, denominado “La Calle de los Niños”.
Cabe recordar que la actividad, tenía como objetivo “recordarle a la ciudadanía iquiqueña, que los niños y niñas son la población más vulnerable y nuestro deber como sociedad es protegerlos”.
En definitiva, los ediles de la comuna de Iquique solicitan al ente contralor que en relación a los antecedentes antes señalados: “En mérito de lo anterior y en el ejercicio de mis atribuciones fiscalizadoras conferidas por el artículo 79 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades, solicito a la Contraloría Regional de Tarapacá: instruir una investigación especial o sumaria administrativa para determinar la legalidad del proceso licitatorio, la corrección del acto de adjudicación y la eventual existencia de constituir un vicio de nulidad en la contratación pública, al alterar sustancialmente las condiciones del proceso licitatorio y afectar el principio de igualdad entre oferentes”.
Junto con ello, exista una pronunciación en relación: “revisar el rol y actuación del jefe de Control Municipal, determinar la eventual responsabilidad administrativa o disciplinaria de los funcionarios intervinientes y emitir recomendaciones o instrucciones necesarias al municipio para asegurar la transparencia en futuras contrataciones”.
