La ofensiva institucional ya está en marcha: representantes del Concejo Municipal activaron al órgano contralor por presunta alteración de actas oficiales, votaciones cambiadas y una renovación de directorio que —según documentos— nunca fue legalmente aprobada.
La mañana de este 09 de diciembre de 2025, representantes del Concejo Municipal de Iquique concurrieron formalmente a la Contraloría Regional de Tarapacá para presentar una denuncia que sacude al municipio: acusan irregularidades graves, posibles adulteraciones de actas oficiales y una renovación de directorio que —según el acta oficial— jamás fue aprobada por el órgano colegiado.
El origen del conflicto: una sesión que nunca cerró
Todo se remonta al 11 de septiembre de 2025, durante la Sesión Ordinaria N°50/2025 del Concejo Municipal.
Ese día, el alcalde Mauricio Soria presentó a votación la propuesta para renovar el Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI).
El resultado fue el siguiente:
- ✅ 5 votos a favor
- ❌ 4 votos en contra
- ⚪ 2 abstenciones
Lo clave: no se alcanzó el quórum legal requerido.
Esto quedó formalmente acreditado en el Certificado N°574/2025, emitido por el propio Secretario Municipal, que dejó una frase categórica:
“No se aprueba ni rechaza por falta de quórum la elección del Directorio de CORMUDESI”.
En términos legales, eso significa que nunca existió un acuerdo válido.
Lo que vino después: el hecho que enciende la alerta
Según los concejales denunciantes, tras esa sesión comenzaron a ocurrir hechos que consideran gravísimos:
- Se informó públicamente que la renovación estaba aprobada.
- Se habría constituido un directorio como si el proceso hubiese sido validado.
- Se emitieron documentos internos que no concuerdan con el acta oficial.
La denuncia ante Contraloría sostiene que esto podría configurar:
- Vulneración del principio de juridicidad
- Infracción al principio de probidad administrativa
- Posible falsificación ideológica de instrumento público
- Eventual nulidad de derecho público de los actos posteriores
El elemento más explosivo: votos que habrían sido cambiados
La situación escaló aún más cuando concejales descubrieron algo que califican como inaceptable.
Los ediles Carolina Valdés y Martín Lonza, junto a Cristian Barra y Néstor Jofré, detectaron que sus votos habrían sido alterados en el acta oficial.
Ellos aseguran que rechazaron la propuesta, pero en los registros posteriores aparecían como votos favorables.
En entrevista con Vilas Radio, Carolina Valdés lo resumió así:
“Modificar lo que dijimos los concejales en un acta no es un error menor. Es gravísimo. No puede presentarse como una simple errata”.
“No es un error tipográfico, es cambiar la voluntad del Concejo”
Uno de los denunciantes, el concejal Martín Lonza, fue aún más directo:
“Una errata puede ser una letra, un apellido o una coma. Pero no convertir un voto de rechazo en uno de aprobación. Eso no es un error, eso es alterar un acto público”.
Los concejales sostienen que esta situación no es un hecho aislado, y que ya habían planteado dudas durante el mismo Concejo.
Qué se solicitó formalmente a la Contraloría Regional
En el escrito ingresado ante la Contraloría de Tarapacá se pide:
- Iniciar una investigación administrativa.
- Determinar si existieron actos administrativos irregulares.
- Establecer responsabilidades de autoridades o funcionarios.
- Declarar la inexistencia legal de cualquier renovación de directorio.
- Ordenar medidas correctivas inmediatas.
Un asunto que golpea el corazón de la gestión municipal
La corporación cuestionada —CORMUDESI— no es menor: está ligada directamente a la administración de áreas sensibles, especialmente salud comunal, lo que eleva el impacto político y administrativo de la denuncia.
Los concejales denuncian que:
- No se entregaron antecedentes completos
- No se presentaron informes prometidos
- Nunca se presentó formalmente a los supuestos nuevos directores
Versión oficial: “Fue un error”
Desde el municipio se habría deslizado que todo se trataría de un “error de digitación”.
Los denunciantes rechazan esa explicación de plano.
Para ellos, alterar el sentido de una votación no puede considerarse una equivocación administrativa.
Ahora decide la Contraloría
Desde hoy, el proceso quedó en manos de la Contraloría Regional de Tarapacá, que deberá:
- Revisar actas
- Contrastar certificados
- Revisar flujos administrativos
- Establecer si existió o no manipulación documental
