En marzo se definirán los últimos detalles para dar marcha al plan que elimina la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para crear en su reemplazo un organismo público con nuevas herramientas y atribuciones para su funcionamiento.
Según consignó El Mercurio, el proyecto de ley tiene como objetivo transformar a Conaf desde una corporación de derecho privado a dos nuevos servicios públicos: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Nacional Forestal (Sernafor).
Es decir, Sernafor resguardará las más de 15 millones de hectáreas de bosque nativo que no son áreas protegidas, y también los bosques de plantaciones, manteniendo el rol de protección y fomento de los bosques.
Hoy en día, en términos de personal, el 18% de la dotación de Conaf que tiene que ver con guardaparques y áreas silvestres protegidas-pasará a SBAP, y el otro 82% a Sernafor.
Cabe recordar que el proyecto ya fue aprobado en la Cámara y está en su segundo trámite en el Senado, aún carga con una cuota de incertidumbre que apunta a la definición del objeto, la precisión de los conceptos y las facultades del nuevo organismo.
Por esta razón, la discusión se retomará el 7 de marzo, luego del receso legislativo. Tras la sesión que se realizará en Valdivia, este proyecto podrá ser sometido a votación y llegar a la Sala.
El director ejecutivo de Conaf, Christian Little, respondió al medio señalado que una política pública forestal requiere de facultades acordes a los tiempos. La transformación robustece al Estado en materia forestal y ambiental, sostiene ya que «al ser Conaf una entidad de derecho privado, tiene limitaciones constitucionales y legales para que se le asignen nuevas competencias».
Agrega que su cargo de director ejecutivo se mantiene en lo que pasará a ser Sernafor, y que el servicio se encargará de promover el desarrollo del sector silvícola, aportando a la conservación y desarrollo productivo del país.
DISCUSIÓN
El hecho no ha quedado exento de problemas, donde el proyecto choca con la visión que existe en el sector privado, ya que consideran que ni su versión original ni las indicaciones presentadas por el Ejecutivo le entregan a Sernafor la facultad de aplicar multas.
Pese a ello, tanto privados como el Gobierno coinciden en que la coordinación ha funcionado bien y existe un ánimo transversal para que la transformación de Conaf se concrete.
«La nueva orgánica contribuirá a que las decisiones se canalicen más fácilmente y de manera más transparente, al eliminar la fi- gura mixta entre público y privado», afirma el ministro Valenzuela.
También consigna que, si bien el cambio ya está asumido, el Sernafor se implementará progresivamente hasta 2025, año en que debe encontrarse en plena operación. Todo esto va de la mano con la promulgación de la Ley de Incendios-aún a la espera de aprobación y de una nueva ley de fomento de bosques, indica.
Sin embargo, los privados coinciden en que la aprobación de esta ley es fundamental, ya que permitirá actuar preventivamente, entregará nuevas atribuciones a fiscalía y policías para realizar las investigaciones y, finalmente, recuperar los bosques y ecosistemas dañados por los incendios.
El próximo 7 de marzo se expondrá el proyecto ante la comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, que sesionará en la ciudad de Valdivia, donde el foco estará en la definición desde el propósito de esta nueva Conaf pública hasta la manera en que responderá a los desafíos de resguardo y fomento de nuevos bosques.
