En horas de este domingo 31 de agosto se concretó un nuevo vuelo chárter de expulsión de extranjeros, el número 21 en lo que va de la actual administración, con destino a Colombia y República Dominicana.
El operativo, encabezado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la salida desde el Aeropuerto de Santiago de 65 personas: 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicana.
Según precisó la prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, las expulsiones se materializaron por órdenes tanto judiciales como administrativas. “Se trata de extranjeros que mantenían vigente su expulsión por delitos como homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros, además de quienes incurrieron en infracciones graves a la normativa migratoria”, explicó la oficial.
Tipos de expulsión
El procedimiento incluyó 50 expulsiones administrativas y 15 judiciales.
- Expulsión administrativa: corresponde a sanciones dictadas por el Sermig, que se aplican en casos de ingreso al país por pasos no habilitados o permanencia en situación irregular.
- Expulsión judicial: se trata de una pena sustitutiva para extranjeros condenados por delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día, y cuya salida del país es dispuesta por los tribunales.
Cifras 2025: más de 800 expulsiones
Con este vuelo, ya son 812 las expulsiones materializadas en lo que va de 2025, de las cuales 614 corresponden a la vía administrativa y 198 a la judicial.
Por su parte, el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó la importancia del trabajo interinstitucional en estas operaciones:
“Este operativo refleja la coordinación del Estado para aumentar la capacidad de expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos. Desde marzo de 2022, cuando comenzó el actual gobierno, ya hemos concretado 21 vuelos y cerca de 4 mil expulsiones”, afirmó.
El Sermig subrayó que este tipo de procedimientos busca resguardar la seguridad interna del país y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, en un esfuerzo conjunto con las policías y otras instituciones del Estado.
