El proyecto de fraccionamiento pesquero quedó ad portas de convertirse en ley, luego que lograra sortear su última valla ayer miércoles, tras una extensa sesión donde la comisión mixta alcanzó un acuerdo para resolver el punto más polémico: la distribución de la merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.
Por lo tanto, se acordó asignar el 55% de la merluza común al sector industrial, y el 45% al artesanal.
Eso sí, este régimen aplicará cuando la cuota global anual de captura sea igual o inferior a 35.020 toneladas; o sea si la cuota global supera las 35.020 toneladas, el excedente se destinará íntegramente al sector artesanal. La propuesta, según la instancia presidida por el senador Fidel Espinoza, “salvaguarda posiciones y equilibrio”.
Cabe recordar que esta nueva votación se realizó posterior a la polémica que significó la entrega de información incorrecta por parte del gobierno poco antes de ser aprobada una distribución de un 52% en favor del sector artesanal, lo que incluso desembocó en el anuncio del cierre de operaciones de Pacific Blu, en la comuna de Coronel, Región del Biobío. Una situación que fue revertida en estas últimas horas producto de dicha acción.
Es importante señalar que actualmente la distribución de esta pesquería establece un 40% para el sector artesanal y un 60% para el industrial.
La indicación de los senadores también incorporó la distribución de una nueva pesquería: la del besugo. La propuesta, aprobada con 6 votos a favor, dos en contra y dos abstención, estableció un 95% del recurso para el sector industrial.
Si bien no estuvo presente hasta ahora en la discusión parlamentaria, la inclusión del besugo fue calificado como un factor “relevante en la conversación”, según explicó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya que se trata de un recurso de fauna marina que acompaña a la merluza común, pero que actualmente se encuentra en veda desde el año 2010.
“Lo que se está haciendo es que la ley pueda ponerse en el escenario futuro de que pueda abrirse esa pesquería”, dijo Salas, señalando como algo “relevante para generar flexibilidad en la pesquería de la merluza”.
Según detalló el Ejecutivo, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ya encargó los estudios necesarios para determinar si es posible reabrir dicha pesquería y los resultados de esos análisis estarían disponibles en noviembre. Ello permitirá que los comités científicos puedan usar esa información para tomar una decisión.
“Hemos logrado una mejora en la distribución para el sector artesanal en todas las pesquerías y, además, nos hemos preocupado en esta última, en la merluza, donde había más debate, llegar a un acuerdo que finalmente nos permita no poner en riesgo a la industria que pescaba esa pesquería”, destacó el ministro Nicolás Grau.
El informe final de la Comisión Mixta deberá ser ahora aprobado por ambas cámaras del Congreso para su entrada en vigor.
