El Senado dio luz verde a la prórroga de una medida que mantiene inmóvil el registro de nuevos taxis y taxis colectivos hasta el año 2030. La decisión busca contener la sobreoferta, modernizar el sistema y evitar un nuevo colapso vial y ambiental en las principales ciudades del país.
En una sesión marcada por el consenso, pero también por la tensión de los gremios del transporte, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que extiende hasta 2030 la suspensión para inscribir nuevos taxis y taxis colectivos en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros.
La medida, vigente desde fines de los años noventa, mantiene “congelado” el ingreso de nuevos vehículos para evitar una sobreoferta que, según el Ejecutivo, podría agravar los problemas de congestión, contaminación y competencia desleal dentro del rubro.
Una medida que se niega a soltar el freno
El Subsecretario de Transportes, Jorge Daza, recordó ante la comisión que el congelamiento comenzó hace más de dos décadas, cuando el país enfrentó una avalancha de taxis y colectivos sin regulación ni planificación urbana.
“Si no se hubiesen tomado estas medidas, hoy tendríamos un parque automotriz colapsado y ciudades más contaminadas”, advirtió.
El nuevo proyecto —resultado de la fusión de dos mociones parlamentarias impulsadas por los senadores Alejandra Sepúlveda, Matías Walker, Juan Luis Castro, Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic y Enrique Van Rysselberghe— amplía la vigencia de la ley N° 21.286, que expiraba este 15 de noviembre de 2025, congelando por cinco años más la inscripción de nuevos vehículos de transporte público menor.
Entre la estabilidad y la modernización
Según los parlamentarios, el objetivo es dar tiempo al Estado para implementar una política integral de modernización, equidad territorial y sustentabilidad ambiental, en un sistema que todavía enfrenta brechas tecnológicas y de regulación frente al avance de plataformas digitales como Uber, Didi o Cabify.
Además, la extensión permitiría avanzar en la renovación del parque con vehículos cero emisiones, una exigencia que forma parte del compromiso ambiental de Chile para los próximos años.
Voces desde el volante
Durante la sesión, fueron escuchados representantes de la Asociación de Taxistas Independientes de Chile (ATICH) y de la Asociación Gremial de Taxis de la Región de Coquimbo (UNITAXI), quienes valoraron la medida, aunque advirtieron que el congelamiento debe venir acompañado de un plan real de modernización y fiscalización.
“No sirve mantener todo detenido si el Estado no enfrenta el transporte informal y la competencia digital”, señalaron desde UNITAXI.
Licencia digital: el otro gran cambio en marcha
En paralelo, la Comisión revisó el avance del proyecto de licencia de conducir digital, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2018, busca reemplazar progresivamente el documento físico por una versión digital con mayores estándares de seguridad y trazabilidad.
El representante de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) alertó sobre los retrasos en la implementación, atribuidos a la falta de gradualidad y a los cuellos de botella en la firma de los directores de tránsito.
Desde el ministerio respondieron que la transición se ha desarrollado “de forma paulatina y segura”, aunque reconocen que el proceso deberá acelerarse una vez que entre en vigor en la Región Metropolitana.
Un respiro con sabor a espera
Con la aprobación en comisión, el proyecto pasa ahora a la Sala del Senado, donde se espera su votación definitiva en los próximos días.
De ser ratificada, la ley mantendrá el sistema en pausa hasta 2030, otorgando al Estado un nuevo plazo para poner orden, modernizar la flota y preparar al país para una movilidad más limpia, conectada y sustentable.
Por ahora, los motores del transporte menor seguirán encendidos, pero en punto muerto.
