La Contraloría General de la República (CGR) constató que 312 municipalidades del país no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), toda la documentación relacionada con el plan y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
Según el ente fiscalizador, eso significa que “no hay constancia de que tengan un plan vigente y/o de que hayan sesionado con la periodicidad que indica la normativa”.
Y es que, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que estos territorios, mediante los Planes Comunales de Seguridad Pública (PCSP) y los Consejos Comunales de Seguridad Pública (CCSP), adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad.
En otras palabras, los municipios investigados no han cumplido con la Ley Municipal N°18.695, que estipula que deben enviar a la subsecretaría las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que deben actualizarse anualmente durante su vigencia.
En rigor, la Contraloría detectó que 90% de las municipalidades del país no tienen un plan vigente en materia de seguridad y/o no hay constancia de que hayan sesionado con la periodicidad que exige la normativa municipal.
Es más, de las comunas que no han cumplido, 110 pertenecen a la categoría de urgentes al tener un mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.
14 de los municipios en esa categoría no han remitido el Plan Comunal de Seguridad Pública ni la totalidad de las actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
Se trata de Independencia, La Florida, La Pintana y Talagante, en la Región Metropolitana, y Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén y Tirúa, en otras regiones.
En ese sentido, la Contraloría advierte que la falta de planes comunales de seguridad genera acciones improvisadas y dificulta la prevención del delito, debilitando además la coordinación local.
El informe también apunta a que 19 municipios de la categoría urgente no reportaron antecedentes a la SPD que permitan concluir que cumplieron con sesionar entre enero de 2024 y febrero de 2025, destacando Antofagasta, considerada la cuarta a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual. En la misma situación aparecen Conchalí, El Bosque, La Granja, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, entre otras.
Según el organismo que encabeza la contralora Dorothy Pérez, a febrero de este año, 24 municipalidades mantendrían sus planes comunales de seguridad pública vencidos y 40 municipalidades no han enviado sus planes a la SPD.
Ante esta situación, se dispuso la remisión del análisis realizado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para emprender acciones que permitan dar cumplimiento a la normativa.
Asimismo, se determinó la inclusión en análisis de riesgo por parte del organismo fiscalizador, a las entidades detectadas en condición de incumplimiento y se ordenó a los municipios iniciar sumarios para determinar responsabilidades administrativas por los incumplimientos detectados.
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