El máximo tribunal del país revocó un fallo anterior y ordenó a la Municipalidad de Iquique implementar un plan concreto, permanente y coordinado para abordar la presencia de campamentos improvisados en la Península de Cavancha. La sentencia reconoce que la situación vulnera derechos constitucionales de los vecinos y advierte que las obligaciones municipales son continuas y no pueden seguir postergándose.
En la luminosa Península de Cavancha, donde el mar lame el cemento y los edificios se levantan frente al viento salino, la postal turística de Iquique ha comenzado a mostrar grietas más profundas que las que deja la brisa en la arena. Entre los jardines del borde costero y las calles que miran al océano, los llamados rucos —viviendas improvisadas de madera, cartón y plástico— se multiplican a la vista de todos.
Una vecina decidió no callar más.
Astrid Mercedes Weishaupt Cariola, residente del condominio Punta Cavancha, llevó su angustia hasta los tribunales. Alegó que la proliferación de personas en situación de calle frente a su hogar no solo alteró la convivencia y el aseo del sector, sino que afectó su tranquilidad y la de sus vecinos. La Corte de Apelaciones de Iquique desestimó su reclamo. Pero la historia no terminó ahí.
Esta semana, la Corte Suprema cambió el curso de los hechos: revocó la resolución local y ordenó a la Municipalidad de Iquique implementar un plan efectivo y sostenido para enfrentar la crisis social que se vive en la zona.
El fallo que marca un precedente
El máximo tribunal fue categórico: las obligaciones de la Municipalidad no pueden ser intermitentes ni simbólicas. Deben tener continuidad y resultados medibles, especialmente cuando está en juego la seguridad, la salubridad y la integridad de los residentes.
“La presencia de personas en situación de calle que ocupan espacios públicos con instalaciones precarias vulnera el derecho a la integridad física y psíquica de los vecinos, además del derecho de propiedad”, advierte el fallo, que exige la coordinación con organismos como la Armada, Carabineros y Senapred para lograr una respuesta integral.
En su dictamen, la Corte Suprema recordó que las municipalidades no pueden desentenderse del espacio público ni delegar indefinidamente su cuidado. “Son obligaciones de naturaleza ininterrumpida”, señala el texto jurídico, dejando en claro que la omisión también puede convertirse en una forma de vulneración de derechos.
Un fallo con rostro humano
La resolución no solo es una advertencia institucional. Es también el reflejo de una tensión social que Iquique arrastra desde hace años: el aumento de la pobreza urbana, la falta de vivienda y el abandono de zonas emblemáticas. En Cavancha, los vecinos conviven con carpas, basura acumulada y focos de inseguridad que contrastan con la postal turística que se vende al país.
En su presentación, la recurrente sostuvo que tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia y el incremento migratorio, los espacios públicos comenzaron a ser ocupados de manera irregular, generando conflictos y temor.
La Municipalidad, por su parte, argumentó que realiza retiros semanales de rucos y operativos conjuntos con la Policía Marítima, pero la Corte Suprema fue clara: esos esfuerzos son insuficientes si no hay un plan sostenido, medible y continuo.
Una ciudad frente a su espejo
El fallo, más allá de las fronteras judiciales, expone el desafío que Iquique enfrenta desde hace tiempo: cómo equilibrar la protección social con el orden urbano en una ciudad que crece entre el mar y el desierto.
En la Península, los condominios de vidrio y concreto se levantan frente a improvisadas chozas, separadas apenas por un paseo costero y una línea de arena. Dos mundos que conviven en silencio, pero que ahora la Corte Suprema ha decidido que deben ser atendidos por la autoridad con responsabilidad y humanidad.
La sentencia no busca invisibilizar a quienes viven sin techo, sino obligar a la institucionalidad local a actuar de forma concreta. La omisión, dice la Corte, también vulnera derechos.
El mandato del máximo tribunal
La Corte Suprema ordenó a la Municipalidad elaborar e implementar, en un breve plazo, un plan de medidas y seguimiento que proteja la integridad y el bienestar de los vecinos del condominio Punta Cavancha y del sector costero afectado.
El documento —que lleva la firma de la ministra Adelita Ravanales y del ministro subrogante Mario Rojas, entre otros— deja una advertencia que resuena más allá de los tribunales:
“El órgano recurrido no puede desconocer la responsabilidad que le cabe en esta problemática social, atendida la actual situación de desprotección e inseguridad de la Península de Cavancha”.
Revisa aquí la sentencia de la Corte Suprema:
Y aquí el de la Corte de Iquique:
