Ante la gran controversia que ha causado el caso convenios el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que mantendrá especial vigilancia de la investigación que realiza el Ministerio Público en nueve regiones del país.
Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, manifestó que el objetivo es que este equipo de profesionales, conforme a las instrucciones “impartidas por nuestro Comité Penal, informe periódicamente respecto de los avances de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y del análisis jurídico penal de ellas, a efectos de que podamos adoptar una decisión fundada”.
Es así como conforme a sus procedimientos, el CDE asignó el análisis de estos documentos a un equipo de abogados pertenecientes a las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició diligencias e investigaciones penales, esto es: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’ Higgins y Arica.
Letelier expresó que este anuncio responde a que en el proceso que lleva adelante el Ministerio Público “se indaga la asignación de recursos fiscales, por vía de tratos directos, a diversas fundaciones a lo largo del país”, expresó.
Es así como este martes, antes de conocerse la acción del CDE, el Ministerio Público realizó diligencias relacionadas a la investigación por el Caso Fundaciones. Fue así como durante la mañana la Policía de Investigaciones allanó las oficinas del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta.
Misma suerte tuvo por la tarde el Gore del Maule en Talca donde llegaron hasta sus dependencias para realizar acciones similares y también en la sede de la Fundación Urbanismo Social en la región Metropolitana.
Dichas acciones que fueron realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en Antofagasta se deben a la investigación por el convenio firmado entre el ente público y ProCultura, por $629 millones, con el fin de realizar la reparación de fachadas de tres inmuebles del casco histórico, que alcanzaban 2.400 metros cuadrados.
