En una revelación que sacude el tablero político regional, el Ministerio Público confirmó formalmente que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, mantiene la calidad de imputado en la arista de la Fundación ProCultura. Durante la segunda jornada de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscalía expuso los antecedentes que vinculan a la autoridad con el traspaso de 1.600 millones de pesos, aclarando que su formalización definitiva depende exclusivamente del desafuero solicitado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Respecto a la situación judicial del gobernador y la imposibilidad de avanzar en medidas cautelares sin el permiso de la Corte, el equipo querellante urgió a acelerar los tiempos procesales. Pablo Toloza, abogado querellante en representación de la UDI, manifestó que la ley impide formalizar a la autoridad mientras mantenga su fuero. El jurista sostuvo que “cada vez que el fiscal hace mención de un hecho aparece involucrado el gobernador Claudio Orrego; esto amerita que la Corte ponga en tabla, en un tiempo prudente y corto, su desafuero”.
En cuanto a la defensa de los principales acusados, los abogados desestimaron la falta de pruebas y cuestionaron el enfoque de la fiscalía. Cristián Arias, abogado defensor de Alberto Larraín, manifestó que el Ministerio Público parece estar enfocando sus dardos hacia alguien que no está en la sala. “Pareciera ser que falta un imputado en esta audiencia; el Ministerio Público menciona demasiado a otra persona distinta de las personas que están siendo formalizadas”, apuntando directamente a la insistencia sobre la figura de Orrego.
Por su parte, la defensa de otros implicados también cuestionó la relación temporal de los hechos investigados. Alfonso Prado, abogado defensor de Gabriel Prado, manifestó que su representado no tiene vínculo con los ilícitos del año 2022, “una vez revisada la carpeta se van a poder ver bien los antecedentes; mi representado tiene una participación distinta y recién aparece contratado en el año 2023”, buscando desmarcarlo de la trama principal de fraude.
Finalmente, el Gobierno fijó una postura tajante frente a las presuntas irregularidades detectadas. Víctor Ramos, subsecretario del Interior, manifestó que es intolerable el desvío de recursos públicos, “esperamos que todos los que estén involucrados en estos casos paguen”. La audiencia fue suspendida hasta este lunes a las 10:00 horas, jornada en la que se definirá si el tribunal acoge la prisión preventiva solicitada para los líderes de la fundación.
