Después de 8 años de espera por justicia, la familia Vergara Espinoza tiene una nueva esperanza de poder cerrar una oscura y dolorosa situación. La CIDH notificó al abogado de la familia, Enzo Morales, que decidió acoger a tramitación la denuncia, por lo cual notificó al gobierno de Chile para que en un plazo de tres meses presente sus descargos de las acusaciones de falta de justicia.
EL HECHO
Para entender todo esto, debemos remontarnos a la mañana del 13 de septiembre de 2015, donde la madrastra de José Antonio Vergara Espinoza de 23 años llamó a Carabineros para solicitar ayuda con el joven. Este estaba en plena crisis de salud mental, por una enfermedad que padecía hacía ya varios años.
Hasta el domicilio ubicado en la Población La Tortuga, en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, llegó el carro Z-4514 de Carabineros, el cual estaba integrado por el entonces cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal. Los uniformados tomaron al denunciado, lo esposaron y se lo llevaron sin previo análisis de la situación.
Tras esta “detención”, nunca más se volvió a tener rastro de su paradero, por lo que presentó una denuncia por presunta desgracia en Carabineros. A raíz del caso, la institución decidió desvincular a los cuatro funcionarios de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio debido a las irregularidades en la detención de Vergara.
A ocho años de su desaparición, la familia y diferentes agrupaciones de derechos humanos denominan el hecho como una de las tres desapariciones forzosas por parte de agentes del Estado en democracia, lo que motivó que llevaran el caso hasta la CIDH debido a la denegación de justicia por parte del Estado de Chile y ante la falta de continuidad en la búsqueda del joven.
Cabe destacar que en abril de 2018, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a los carabineros a la pena de tres años de presidio como autores del delito de detención ilegal, hecho que confesaron en el proceso. Sin embargo, dicho juicio sería anulado posteriormente y en su reemplazo se les condenaría a la pena de cuatro años por el delito de secuestro.
Lo anterior, luego de que el tribunal confirmara -a partir de los propios testimonios de los funcionarios- que tras su detención Vergara fue trasladado por la Ruta A-16, carretera que une las comunas de Alto Hospicio con Pozo Almonte, para posteriormente dejarlo en la Ruta A-414 que lleva a la Caleta Buena, no siendo trasladado a una comisaría.
En la investigación se comprobó que los funcionarios estaban implicados en su desaparición al abandonado en el desierto, y luego de los dos juicios, que finalmente terminaron con los exfuncionarios policiales cumpliendo su pena en libertad, la familia decidió recurrir a tribunales internacionales.
De esta manera, el 15 de mayo del 2019 ingresó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que no se aplicó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual está vigente desde el 2010 en el país.
A ocho años de aquello, la CIDH notificó al abogado de la familia, Enzo Morales, que decidió acoger a tramitación la denuncia, por lo cual notificó al gobierno de Chile para que en un plazo de tres meses presente sus descargos de las acusaciones de falta de justicia. El Ejecutivo podría prorrogar hasta en un máximo de cuatro meses la entrega de la información.
