El Pleno de la Corte Suprema confirmó este lunes el desafuero de la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva, la arista madre del Caso Convenios.
Con esto, la legisladora quedó sin inmunidad para ser formalizada por la trama que involucra a su expareja, Daniel Andrade, y a sus excolaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica. Todos eran militantes del extinto partido Revolución Democrática (RD).
La resolución, que marca un hito en este proceso judicial, avala la solicitud de la Fiscalía para que la parlamentaria pierda su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar cargos ante la justicia.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal ratifica la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió la solicitud de Fiscalía, explicando que los convenios suscritos con la fundación Democracia Viva, que alcanzaron un total de $426 millones, habrían contado con la intervención de Pérez, quien mantenía vínculos con los imputados.
Entre las acusaciones presentadas por el Ministerio Público se incluyen la facilitación de fondos a la fundación, infringiendo el principio de probidad administrativa; la manipulación de convenios para beneficiar a Democracia Viva, pese a que la entidad no contaba con experiencia para ejecutar los proyectos; el encubrimiento y la destrucción de evidencia tras la revelación del caso en la prensa; y la coordinación con los imputados para elaborar estrategias de defensa y ocultar los hechos.
Con la decisión tomada por el pleno, Catalina Pérez se convierte en la segunda diputada en perder su fuero en el Caso Convenios.
El primero fue el diputado Mauricio Ojeda (independiente y exintegrante de la bancada de Republicanos), imputado por favorecer la suscripción de contratos por $730.240.000 con el Gobierno Regional de La Araucanía.
La diputada Pérez, quien apeló a su desafuero que había sido aprobado por la Corte de Apelaciones, ha alegado inocencia y asegura que no se benefició de los dineros recibidos por la Fundación Democracia Viva.
