Un proyecto de ley que parecía técnico y aislado de los focos políticos prendió fuegos en el debate público al conocerse una frase que resonó con inquietud en la sociedad chilena: ¿y si violadores, asesinos y criminales de lesa humanidad pudieran terminar sus condenas en casa?
Lo dicho por el diputado José Carlos Meza, vocero de campaña de José Antonio Kast, cristalizó el temor de muchos y catapultó al centro del escenario político una iniciativa que lleva semanas acumulando críticas, apoyos encontrados y recepciones que van desde la indignación hasta la incredulidad.
El proyecto de ley en discusión —Boletín 17.370, conocido como iniciativa de “conmutación de penas” o “cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad”— propone dar paso a un cambio radical en la ejecución de penas, permitiendo en ciertos casos que condenados no cumplan el resto de su condena en prisión, sino en reclusión domiciliaria total.
Un proyecto que sonaba técnico y se volvió explosivo
La chispa de esta controversia fue el posicionamiento del parlamentario Meza, quien dio a entender que el proyecto podría beneficiar incluso a condenados por delitos de extrema gravedad, como violación de menores, femicidios o crímenes de lesa humanidad, si estos reúnen determinadas condiciones de salud o edad avanzada.
Lo que parecía una declaración puntual encendió una alarma: ¿podría la ley permitir que criminales atroces prácticamente salgan libres? Y aunque sus defensores la describen como una iniciativa humanitaria, otros la ven como una amenaza a la justicia y a la memoria histórica.
Qué propone realmente el proyecto
Según lo estipulado en el boletín, la iniciativa busca incorporar en el ordenamiento jurídico principios ya conocidos en materia penitenciaria, como el deber del Estado de reducir el impacto dañino del encierro, garantizar tratamiento médico adecuado y permitir que internos terminales pasen sus últimos días fuera de prisión.
A partir de eso, el proyecto crea dos mecanismos principales:
1. Suspensión temporal de la pena:
La pena puede pausarse cuando el condenado tenga enfermedad mental; una condición médica que ponga en riesgo su vida en prisión; o un deterioro físico severo que lo haga incompatible con el sistema penitenciario.
2. Reclusión domiciliaria total:
Este beneficio sustituye la pena de cárcel por estar las 24 horas en su casa si la persona padece enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado en prisión, terminales, discapacidad severa o si es mayor de 70 años (o mujer mayor de 65) cuya edad sumada a los años ya cumplidos en prisión llegue a 80.
Lo clave —y lo que ha encendido la polémica— es que el proyecto no excluye explícitamente tipos de delitos, como homicidios, violaciones, delitos sexuales o crímenes de lesa humanidad, como condiciones de exclusión.
Humanitarismo, derechos humanos y un fantasma de impunidad
Los impulsores del proyecto —los senadores Luz Ebensperger, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel— argumentan que esta ley es una respuesta a estándares internacionales de derechos humanos y a situaciones de trato inhumano dentro de recintos penitenciarios frente al avance de la edad o la salud deteriorada.
“Personas que por su enfermedad grave o terminal, en conjunto con su edad y estando en reclusión, porque esto pasa a ser más una tortura inhumana que un castigo o sanción justa, podrían terminar su vida recluidos en su casa, con su familia”, dijo el senador Kusanovic en defensa de la lógica humanitaria del proyecto.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y juristas críticos han señalado que los crímenes más repudiados no deben recibir trato preferencial y que otorgar beneficios de este tipo podría enviar un mensaje de impunidad a la sociedad.
El contraste oficialista: rechazo frontal y advertencias
Desde el Gobierno han sido enérgicos al rechazar el enfoque del proyecto. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como “aberrante” la idea de que personas culpables de delitos graves accedan a beneficios que les permitan cumplir su condena fuera de prisión. “El lugar de los criminales es la cárcel”, enfatizó, subrayando que los gravísimos delitos no pueden ser relativizados.
En igual sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó que las herramientas jurídicas actuales son suficientes para asegurar el cumplimiento de las penas sin recurrir a cambios tan amplios, y que la sola edad no puede ser determinante para sustituir una pena de cárcel por reclusión domiciliaria.
Los nombres que desatan aún más polémica
Si el proyecto llegara a convertirse en ley, varios condenados de notoriedad pública podrían solicitar este beneficio al cumplir los requisitos de edad y salud, según expertos y críticos:
- Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y 18 años por violaciones.
- María del Pilar Pérez (La Quintrala), de 73 años, condenada por múltiples homicidios.
- Hugo Bustamante, sentenciado por femicidio y violación, podría llegar a la edad requerida y optar al beneficio.
- Miguel Krassnoff, exagente de la DINA con más de mil años de penas acumuladas por secuestros, torturas y homicidios, y otros internos del antiguo penal Punta Peuco.
Estas figuras polarizan aún más la discusión y alimentan el rechazo popular ante la posibilidad de que personas consideradas altamente peligrosas salgan de prisión antes de cumplir íntegramente sus sentencias.
Dónde está ahora y qué puede pasar
El proyecto de ley sigue en tramitación en el Senado, tras recibir un primer informe de la Comisión de Derechos Humanos que aprobó legislar en general, con apoyo de algunos senadores que ven en él una adaptación a estándares internacionales.
Si avanza, pasará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite, donde nuevamente será objeto de debate y posibles modificaciones.
Este texto representa uno de los temas más divisivos del año legislativo: una encrucijada entre humanitarismo judicial, derechos humanos, seguridad pública y justicia retributiva.
La pregunta que divide a Chile
¿Debe el sistema jurídico permitir ventajas a quienes cometieron los delitos más terribles por razones de edad o salud, o es una puerta a la impunidad encubierta por humanitarismo?
La respuesta, de momento, está en las manos de los legisladores —mientras la sociedad observa, discute y se prepara para lo que podría ser uno de los capítulos más controversiales de la historia penal reciente.
