Por imputaciones de responsabilidad en ilícitos de asociación criminal, incendios reiterados, incendio con resultado de muerte y delitos ambientales, el fiscal Osvaldo Ossandón formalizó a tres exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a un exvoluntario de Bomberos de Valparaíso, quienes serían parte del grupo dedicado a la planificación y ejecución del incendio forestal intencional que terminó con 136 víctimas fatales el 2 de febrero de 2024 en Valparaíso.
José Starlin Atenas Gaete, Maximiliano Damián Véliz Caballería, Ángel Marcelo Barahona Troncoso y Claudio Rodrigo Carlos Gamboa Ortiz, conocido como Guagüito, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones.
En concreto, los exfuncionarios de Conaf y un bombero están acusados de concertar y generar incendios forestales motivados por ganancias económicos generadas por el pago de horas extras: Ilícitos que habrían perpetrado entre diciembre de 2021 y febrero de 2024.
PELIGRO PARA LA SOCIEDAD
En la audiencia de formalización de cargos desarrollada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la magistrada Sylvia Quintana indicó que existen presunciones fundadas para acreditar los delitos, y que los imputados además representan «un peligro para la seguridad de la sociedad».
La magistrada explicó también que, la declaración del imputado Atenas confirma la participación de cada uno de los otros acusados en los hechos investigados, incluidos los otros tres que ya están en prisión preventiva, Francisco Mondaca, Franco Pinto y Elías Salazar.
“En consideración a la naturaleza de los delitos, la pena posible a aplicar por los tres delitos, la afectación a la vida, con 136 muertes, en un hecho tan terrible y, teniendo en consideración la afectación al ecosistema, la destrucción del Jardín Botánico, que es un emblema de nuestra región (…) Eso es lo que tomé en consideración para decretar la prisión preventiva”, explicó la magistrada Sylvia Quintana.
Tras decretarse la cautelar de prisión preventiva, tal como solicitó la Fiscalía, los abogados defensores pidieron que los imputados quedaran recluidos en cárceles fuera de la región de Valparaíso, ante la amenaza a su integridad. En definitiva, ingresaron a la cárcel de Rancagua.
Se fijaron 30 días para desarrollar la investigación.
