La esperada retirada de 576 toneladas de acetato de etilo incautadas en el Puerto de Arica quedó paralizada por la Seremi de Salud de Antofagasta. Solo tres de los 36 contenedores alcanzaron a salir. La Contraloría ya inició fiscalización y el proceso podría derivar en un escándalo por subcontrataciones y posibles irregularidades, según confirmó El Mostrador.
Lo que hace apenas una semana el Gobierno celebraba como un triunfo logístico y de seguridad, hoy se convirtió en un enredo burocrático de proporciones inéditas. La operación de traslado de 576 toneladas de acetato de etilo, decomisadas en diciembre de 2022 durante la «Operación Etilox», fue sorprendentemente paralizada por la Seremi de Salud de Antofagasta, dejando en tierra la mayoría de los contenedores destinados a su disposición segura.
El cargamento, proveniente de China y destinado a Bolivia para la fabricación de drogas, había sido considerado por autoridades y expertos como un riesgo sanitario y de seguridad inminente. Sin embargo, de los 36 contenedores con 2.880 tambores, solo tres lograron llegar a Antofagasta antes que la operación se detuviera por vicios administrativos relacionados con la subcontratación de la empresa santiaguina Ambipar Response Chile, contratada por la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota por $493 millones, según consignó El Mostrador.
El freno desde Antofagasta
Fuentes confidenciales del citado medio revelaron que el motivo de la paralización se originó en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, que puso reparos sobre la resolución sanitaria de uno de los sitios de acopio subcontratados para la disposición temporal de los residuos químicos. La preocupación se habría intensificado tras un operativo de fiscalización de la Contraloría General de la República, que revisó la pertinencia de que la Delegación Presidencial se hiciera cargo de este delicado procedimiento.
De los 36 contenedores, solo tres alcanzaron a salir hacia Antofagasta; otros tres fueron detenidos mientras se verificaba la validez del permiso sanitario del sitio de acopio. El resto permaneció en Arica, generando dudas sobre los riesgos que representan tanto para la ciudad como para el tránsito portuario.
Silencio y evasivas ante el Senado
El 9 de octubre, durante la Comisión de Seguridad Pública del Senado presidida por el senador José Durana (UDI), ningún representante gubernamental informó del riesgo de paralización. El delegado presidencial Nicolás González Gutiérrez asistió sin advertir sobre la situación, mientras que el director subrogante de Aduanas, James Alarcón, solo alcanzó a deslizar:
«y de ahí no me voy a referir a lo que pasa en Antofagasta».
El capitán de Puerto, Felipe Rodríguez, confirmó que tres contenedores habían partido, sin mencionar que la operación estaba prácticamente suspendida.
El delegado explicó que cuatro empresas fueron consultadas, pero que finalmente la operación se adjudicó por trato directo a Ambipar Response Chile, “no por costos, sino por experiencia y capacidad técnica”, asegurando que el plan original de 10 meses se reduciría a 45 días continuos de trabajo. Sin embargo, lo que no advirtió es que la paralización estaba en marcha incluso antes de su exposición.
Empantanamiento legal y subcontrataciones dudosas
Durante la sesión, también salió a la luz que la resolución del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, que determinaba la subasta y destrucción de la carga, fue objeto de consultas internas sobre posibles conversiones del químico en subproductos. La propuesta cayó por problemas de impuestos y derechos aduaneros, así como por posibles cobros del concesionario portuario por la sobreestadía de la carga, que llevaba desde 2021 en el Puerto de Arica bajo el Tratado de 1904 con Bolivia.
La polémica se intensifica al constatar que Ambipar Response Chile subcontrató a dos compañías en Antofagasta, generando retrasos que, según fuentes, podrían haber sido evitados por alternativas locales, como la empresa ariqueña Storage & Security Solutions SpA, que había presentado un plan rápido y seguro para el traslado y destrucción total de los precursores.
Un representante de esta firma aseguró a El Mostrador:
“Invertimos recursos, presentamos un plan para retirar los contenedores en 48 horas y garantizar su destrucción total. Nunca recibimos respuesta. Lo barato está costando caro”.
Contraloría en la mira
La Contraloría General ya se encuentra fiscalizando el procedimiento, poniendo bajo la lupa tanto los criterios de adjudicación de la empresa, como la decisión de la Delegación Presidencial de asumir esta tarea. Las dudas sobre eficiencia, transparencia y gestión de riesgos persisten.
Por ahora, la operación sigue suspendida, generando tensión en Arica, preocupación en Antofagasta y un creciente cuestionamiento a las autoridades. Lo que debía ser una operación exitosa de seguridad y salud pública se transformó en un ejemplo de cómo la burocracia y la subcontratación pueden convertir un procedimiento estratégico en un verdadero rompecabezas nacional.
