Con un amplio respaldo, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que obliga a las más altas autoridades del Estado y a quienes aspiren a serlo a someterse a exámenes de drogas. La medida, que busca resguardar la probidad y reforzar la confianza pública en las instituciones, fue aprobada en particular con 115 votos a favor y sin votos en contra, aunque con 17 y 18 abstenciones en las dos votaciones realizadas.
Lo que establece el proyecto
La iniciativa –que refundió mociones de las diputadas Paula Labra (RN), Pamela Jiles (PH) y Yovana Ahumada (IND)– determina que Presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y otros altos cargos públicos no podrán ejercer funciones si presentan dependencia de drogas ilegales, salvo en el caso de un consumo justificado médicamente.
Para postular a estos cargos, el Servicio Electoral (Servel) exigirá una declaración jurada acompañada de un examen médico, realizado en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y conforme a estándares internacionales. El test deberá aplicarse sobre muestra de cabello, considerada la más precisa para detectar consumo sostenido.
Durante el ejercicio del cargo, las autoridades estarán obligadas a someterse a este control al menos una vez al año, y los resultados deberán publicarse en las plataformas oficiales de cada institución, lo que abre paso a un nivel inédito de transparencia pública.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ley 20.000 y a diversas leyes orgánicas que rigen el Congreso, la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades.
Una discusión de fondo: probidad vs. narcopolítica
El debate no estuvo exento de controversias. Mientras buena parte de la oposición celebró la iniciativa como un “gesto de transparencia y probidad”, desde sectores oficialistas se levantaron críticas por considerar que el proyecto es “cosmético” y que no ataca el corazón del narcotráfico ni la infiltración del crimen organizado en la política.
El diputado Diego Ibáñez (FA) fue categórico:
“Si le hubiésemos hecho un test de drogas a Pablo Escobar, sale negativo. Estamos de acuerdo en aprobar, pero no nos engañemos: esto no termina con el narcotráfico”.
Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) defendió la propuesta señalando que, aunque no resuelve todos los problemas, “da tranquilidad a los ciudadanos de que quienes ejercemos poder no tenemos relaciones con la droga”.
Otros parlamentarios, como Marcos Ilabaca (PS), subrayaron que el verdadero paso para combatir la narcopolítica está en el levantamiento del secreto bancario, una herramienta que permitiría seguir el flujo de dinero ilícito, más que aplicar test individuales.
El trasfondo político
El proyecto estuvo meses en debate y atravesó varias dilaciones. En un inicio, se buscaba que las autoridades fueran sometidas a cuatro controles anuales, pero esa propuesta fue descartada. Finalmente, se optó por un test anual obligatorio y la exigencia de presentar la declaración jurada.
En la Cámara, el proyecto fue respaldado transversalmente, aunque las abstenciones provinieron principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde la oposición, en tanto, se acusó al Gobierno de demorar su tramitación por la exigencia de la declaración jurada a los candidatos.
Qué viene ahora
La propuesta legislativa pasa ahora al Senado, donde se anticipa un debate igual de intenso. Si logra su aprobación definitiva, Chile se convertiría en uno de los pocos países del mundo que exige a sus más altas autoridades pruebas antidrogas periódicas, públicas y fiscalizadas con estándares internacionales.
Más allá de la votación, el tema abre una discusión mayor: ¿basta con controles de consumo para proteger la política de la influencia del narcotráfico, o se requieren medidas más profundas como el control del financiamiento, la transparencia bancaria y la persecución patrimonial?
Lo cierto es que, en un país donde la confianza en las instituciones políticas está en mínimos históricos, esta medida aparece como un gesto simbólico potente, aunque todavía insuficiente para cerrar la puerta a la penetración del crimen organizado en el Estado.
