La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que introduce modificaciones a la Ley 21.325 sobre migración y extranjería, enviándolo al Senado para su segundo trámite legislativo. La iniciativa propone una serie de ajustes normativos que buscan regular de manera más precisa la situación migratoria en el país.
Entre los puntos destacados, el texto subraya que el Estado debe proteger los derechos humanos de las personas extranjeras en Chile, siempre en conformidad con la ley y sin afectar los derechos de los nacionales. A su vez, establece que las condiciones migratorias no deben representar ventajas frente a situaciones de igualdad en términos sociales, económicos o de vulnerabilidad.
El proyecto también incorpora nuevas restricciones al ingreso al país, como la prohibición de entrada a quienes hayan sido condenados en los últimos diez años por actos calificados de crimen según la legislación chilena, o en los últimos cinco años por simples delitos. Asimismo, se amplían las causales de expulsión y se actualizan las normas para la revocación de permisos de residencia.
Otra de las propuestas incluye el uso de datos biométricos para identificar a personas en situación migratoria irregular. Además, se establecen sanciones más severas contra quienes faciliten el ingreso ilegal de personas o promuevan el tráfico ilícito de migrantes. Este punto contempla también modificaciones al Código Penal, endureciendo las penas asociadas a estos delitos.
En el ámbito educativo, se garantiza el acceso a niñas, niños y adolescentes, independiente de su situación migratoria, aunque se permitirá priorizar a nacionales en caso de limitaciones. Esta disposición generó críticas desde el Gobierno, que buscará ajustes en el Senado. En el sector salud, se establece la obligatoriedad de enrolamiento para asegurar igualdad de condiciones en el acceso.
Respecto a la vivienda, se prohíbe que personas en situación irregular celebren contratos de arriendo o subarrienden propiedades urbanas. Los arrendadores que infrinjan estas disposiciones se enfrentarán a multas, como parte de las medidas para controlar la informalidad en el mercado habitacional.
Finalmente, el proyecto fue valorado de manera general, aunque sectores de oposición señalaron que las modificaciones representan solo un avance inicial. También se plantearon preocupaciones sobre las implicancias de sancionar penalmente a empleadores que contraten a personas migrantes de manera informal, argumentando que esto podría fomentar la precariedad laboral. Ahora, la propuesta continuará su discusión en el Senado, donde se espera que se introduzcan nuevas modificaciones.
