La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta del proyecto de reforma al sistema registral y notarial, y quedó a un paso de transformarse en ley.
La iniciativa está ahora a solo un paso de convertirse en ley, puesto que le resta ser discutida y ratificada en la Sala del Senado para completar su tramitación legislativa.
Según el propio texto, una vez que sea promulgada, la norma entrará en vigencia después de seis meses.
Es decir, los nuevos concursos para llenar las vacantes probablemente comenzarán a principios del próximo año, por lo que se estima que las designaciones lleven la firma del próximo Presidente o Presidenta de la República.
La propuesta define que el proceso de selección para proveer los cargos de funcionarios de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial estará sujeto a las normas aplicables a altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico.
Así, corresponderá al ministro/a de Justicia ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos. Con ese fin, determinará perfiles específicos y uniformes para los cargos de notarios, conservadores, archiveros y oficios mixtos.
Dichos perfiles serán informados a la Dirección Nacional del Servicio Civil y, sobre esa base, se desarrollarán las bases concursales y los instrumentos de evaluación estandarizados que se usarán en la fase de evaluación final de los postulantes.
Será el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) quien dará a conocer los lineamientos respecto a la definición de perfiles de selección de los mencionados cargos.
De ellos se determinará la identidad del seleccionado y la selección solo podrá fundarse en la valoración de los antecedentes curriculares del respectivo postulante, según explican desde la Cámara.
Se podrá tener en consideración la experiencia previa en el ejercicio de un cargo de naturaleza similar al que se concursa. La dirección nacional del Servicio Civil deberá abstenerse de expresar preferencia por alguno de los candidatos.
El nombramiento se formalizará vía decreto fundado, indica el texto.
Además, se consideran fórmulas para dirimir entre candidatos, desistencias, nueva vacancia del cargo y reclamación.
Adicionalmente, la iniciativa describe las funciones y atribuciones de los funcionarios.
INHABILIDAD POR PARENTEZCO
Entre las principales novedades del proyecto se establece que no podrán ser nombrados en cargos de notarios, archiveros o conservadores de bienes raíces aquellas personas que tengan vínculos de matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco consanguíneo hasta el tercer grado (incluyendo bisabuelos, bisnietos, tíos o sobrinos) con las más altas autoridades del país.
Lo anterior incluye al Presidente de la República, parlamentarios, jueces, y también a quienes ocupen cargos de exclusiva confianza.
La diputada Camila Flores (RN) quedó disconforme con este resultado, ya que «lo que se quería hacer era limpiar el sistema de los apitutados políticos, que llegan porque tienen un familiar político -papá, mamá u otros- que están como notarios o conservadores, y que por eso llegar a estos cargos es mucho más fácil para ellos. Pero pasamos de ese sistema, que no queremos en nuestro país, a entregarle total y únicamente la facultad a quien sea el Presidente de la República de turno para nombrar los nuevos cargos».
«O sea, nos vamos a llenar de apitutados políticos del gobierno de turno, y no se va a considerar la opinión de otro poder del Estado, que podría generar un equilibrio a la hora de los nombramientos», fustigó.
No obstante, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, argumentó que, «ha sido el propio Poder Judicial el que considera que no es un proceso lo suficientemente adecuado que sean los ministros de las Cortes de Apelaciones los que estén seleccionando a las personas que van a realizar estos oficios».
«Ese proceso de selección se va a desarrollar ahora en la Alta Dirección Pública, para que posteriormente, a través de ternas preladas, con puntajes claros y establecidos, en un proceso de selección concursal, y en el que va a primar el mérito, sea el Ejecutivo el que designa a estas personas para ejercer como auxiliares de la administración de justicia», destacó el secretario de Estado.
