Tras una extensa jornada, la Cámara Alta inhabilitó a Muñoz para ejercer cargos públicos durante cinco años, y en consecuencia, lo destituyó del máximo tribunal.
Este miércoles el Senado aprobó con 27 votos favorables y 21 en contra el primer capítulo de la acusación constitucional en contra del ahora exmagistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. El acápite visado lo culpa de entregar información privilegiada a Graciel Muñoz, a su hija y jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, para definir el futuro de su inversión en un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta.
El segundo apartado -aprobado por 25 votos– apuntaba a su responsabilidad por no denunciar la falta disciplinaria que cometió su hija al indicar que se encontraba teletrabajando en pandemia desde su residencia, cuando realmente lo hacía desde Italia. Lo que está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales.
La disputa estuvo centrada en la intención de la acusación. Y es que el texto, que fue presentado por sectores de oposición, también contemplaba la imputación política en contra de la ahora removida ministra suprema Ángela Vivanco. Esto, pese a que ambas situaciones no tienen relación. Por lo mismo, desde el progresismo acusaron que la derecha buscaba hacer un “empate” en el Parlamento.
La derecha solo necesitaba 25 votos favorables en un solo capítulo para inhabilitar a Muñoz, por lo que en esta jornada, el voto de los senadores independientes fue clave.
Cabe precisar que, pese a las gestiones de último minuto del gobierno y de senadores de centro izquierda, el oficialismo no logró detener la aprobación de la Acusación Constitucional contra el juez y ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, por notable abandono de deberes.
