El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que modificará de manera profunda el rol y la dependencia de Gendarmería de Chile, estableciendo que la institución pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las funciones de reinserción social quedarán radicadas en una nueva entidad bajo el alero del Ministerio de Justicia.
El anuncio fue realizado este martes 16 de diciembre desde el Palacio de La Moneda, en el contexto de los resultados de la denominada “Operación Apocalipsis”, un amplio operativo coordinado entre el Gobierno, el Ministerio Público y las policías, que significó un golpe inédito al crimen organizado al interior del sistema penitenciario.
Según detalló el Mandatario, el procedimiento se desplegó en siete regiones del país, con 77 allanamientos a viviendas y recintos penitenciarios, dejando como saldo más de 60 personas detenidas. En el marco de esta investigación, 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago 1 están siendo indagados por su presunta participación en una red de corrupción y venta de favores, cuyos movimientos ilícitos superarían los 6 mil millones de pesos.
Durante su declaración, el Presidente subrayó que este tipo de operaciones son el resultado de procesos de largo plazo, iniciados en marzo de 2023, y destacó la coordinación entre los ministerios de Seguridad y Justicia, la Fiscalía y las policías. Asimismo, valoró el cambio de enfoque del Ministerio Público en cuanto a profundizar las investigaciones dentro de las cárceles.
Boric fue enfático en condenar la corrupción detectada, señalando que la participación de funcionarios del Estado en redes delictuales es inaceptable y no será tolerada, aunque también recalcó que la gran mayoría del personal de Gendarmería cumple su labor con compromiso y honestidad, incluso en condiciones adversas.
En ese contexto, el Jefe de Estado explicó que los hechos obligan a realizar un cambio institucional de fondo, separando claramente las funciones de seguridad penitenciaria de aquellas vinculadas a la rehabilitación y reinserción, con el objetivo de fortalecer el control del sistema carcelario y cerrar espacios a la infiltración del crimen organizado.
Finalmente, el Presidente hizo un llamado a alcanzar un acuerdo transversal para aprobar la reforma constitucional, señalando que la lucha contra el crimen organizado es un deber del Estado que debe estar por sobre las diferencias políticas. “Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública”, concluyó, reafirmando que el Gobierno avanzará decididamente en una transformación largamente postergada.
