BOLUARTE CIERRA CAPÍTULO JUDICIAL: AMNISTÍA PARA POLICÍAS Y MILITARES PERUANOS
En un acto que marca un hito y genera un intenso debate en el país, la presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, promulgó la ley que concede amnistía a policías, militares y ciudadanos civiles que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, y que aún enfrentan procesos penales sin sentencia firme.
La ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, contó con la presencia del ministro del Interior, Carlos Malaver, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, congresistas, ministros de Estado y representantes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los Comités de Autodefensa.
Reconocimiento y reivindicación según el Ejecutivo
Durante la firma de la ley, Boluarte afirmó que el beneficio busca reivindicar a quienes defendieron la democracia, la libertad y la paz del país, enfrentando a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que sembraron el terror durante dos décadas.
“Hoy el Perú rinde justicia y honra a aquellos hombres y mujeres que, con valor y entrega, enfrentaron a una de las más terribles amenazas de nuestra historia: el terrorismo”, aseguró la mandataria. Añadió que la norma devuelve la dignidad a quienes arriesgaron su vida o juventud en defensa del Estado, y que nadie que defendió al país debería cargar con cadenas judiciales que destruyan su vida y la de sus familias.
La ley también contempla libertad humanitaria para policías, militares o integrantes de los Comités de Autodefensa mayores de 70 años que estén en prisión, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios. Según datos oficiales publicados por El Peruano, más de 1.000 personas aún enfrentan procesos judiciales derivados de su participación en la lucha antiterrorista.
Defensa oficial frente a críticas
El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, defendió la norma y rechazó que promueva impunidad. “Esta ley busca justicia y se sustenta en la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable”, afirmó.
Reacciones de ONG y oposición
A pesar de la defensa del Ejecutivo, la ley ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Human Rights Watch calificó la promulgación como una “traición” a las víctimas de abusos, asegurando que la norma “socava décadas de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y debilita aún más el estado de derecho en Perú”.
En el Congreso, la iniciativa también provocó divisiones. Legisladores opositores alertaron que la ley no contempla a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía durante la violencia interna. El fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los impulsores de la norma, reconoció que la ley no resuelve el debate sobre la impunidad y la justicia histórica.
Un país entre la justicia y la impunidad
La promulgación de esta ley evidencia la tensión entre reivindicar a quienes defendieron al país y garantizar justicia a las víctimas de abusos. Mientras el Gobierno llama a verla como un acto de reconciliación y un mensaje de paz, sectores críticos sostienen que podría enviar una señal de impunidad para delitos graves cometidos en el marco de la lucha antiterrorista.
“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo. Es momento de voltear la página y cerrar ese capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo”, insistió Boluarte, en un mensaje que busca cerrar heridas, aunque el debate sobre justicia y memoria histórica en Perú continúa abierto.
