Una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en conjunto con la Brigada de Trata de Personas Iquique de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió que ayer jueves quedaran en prisión preventiva una mujer y dos hombres que facilitaban el ingreso de mujeres desde Bolivia para ejercer la prostitución en Chile.
Tras la ampliación de su detención, la Fiscal Jefe de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, llevó a cabo la audiencia de formalización, en la que informó que, tras la investigación, se pudo determinar que, al menos desde el mes de enero a junio del año 2025, la imputada I.Q.V., y los imputados J.B.C. y P.Q.V., -todos de nacionalidad boliviana-, se dedicaron a ingresar mujeres desde el país altiplánico al nuestro, con el objeto de que éstas ejercieran la prostitución, específicamente en un domicilio ubicado en Alto Hospicio, al que denominaban la “Casa Roja”.
En la audiencia, la fiscal detalló la existencia de al menos cuatro víctimas de este ilícito, el que funcionaba con la imputada I.Q.V. como líder y manteniendo como brazos operativos a su hermano P.Q.V. y a su pareja J.B.C., quienes realizaban labores de apoyo en la atención de los clientes que buscaban servicios sexuales, y también en el ingreso de mujeres extranjeras por pasos no habilitados.
Ellas debían trabajar las 24 horas del día, y entregar una comisión del 50% del dinero recaudado a los imputados.
Fue cuando la pareja de P.Q.V. llegó desde Bolivia al domicilio de Alto Hospicio, con intenciones de mejorar su situación económica y, sin conocer el mercado ilícito que manejaban en el inmueble, cuando los otros imputados, mediante amenazas, la obligaron a trabajar como cocinera, aseo y recepcionista, sin derecho a remuneración, sin derecho a descanso, sin horario fijo y con restricción de desplazamiento. En estas circunstancias, la mujer discute con P.Q.V. y fue agredida físicamente por el mismo, provocando la posterior denuncia de los hechos, lo cual permitió que la Fiscalía solicitara la entrada y registro del inmueble, la que fue materializada el pasado sábado 7 de junio por funcionarios de la BITRAP, quienes lograron la detención de los imputados, la declaración de las víctimas y la incautación de un celular que mantenía almacenados aproximadamente 100 videos de pornografía infantil, los cuales distribuían en diversas redes sociales.
Los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, trata de personas con fines de explotación laboral, trata de personas con la finalidad o promoción de que ejerzan la prostitución, y almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil.
Quedaron todos en prisión preventiva, y se fijó un plazo de investigación de 120 días.
