BOLIVIA RESPONDE CON FIRMEZA A LA CIDH Y DEFIENDE LA INTERVENCIÓN ESTATAL FRENTE A LA SEVERA OLA DE BLOQUEOS
A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de Rodrigo Paz respaldó el actuar de las fuerzas públicas ante la crisis social que azota al país. Argumentan que las protestas prolongadas e interrumpidas con dinamita han vulnerado los derechos humanos de terceros, provocando desabastecimiento crítico y un lamentable saldo de fallecidos.
La crisis social y el quiebre logístico en el corazón de Sudamérica escalan al plano internacional. El Estado boliviano respondió formalmente este miércoles al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la profunda convulsión política y social que atraviesa el país, defendiendo de manera categórica las medidas adoptadas por las instituciones públicas para restituir el orden.
A través de un manifiesto oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo del país vecino ratificó su compromiso con la protección de las garantías fundamentales, pero justificó las intervenciones destinadas a garantizar el desabastecimiento, la atención médica de urgencia y la libre circulación de la población por las principales rutas terrestres, las cuales cumplen más de un mes bajo asedio de manifestantes.
La alerta de la CIDH y el crudo balance de las movilizaciones
La reacción diplomática de La Paz se gatilló luego de que la CIDH advirtiera formalmente que la crisis interna ya genera “graves” impactos sobre los derechos humanos de los habitantes. El organismo continental precisó que las protestas e interrupciones viales, registradas de manera ininterrumpida desde inicios de mayo, provocaron un complejo desabastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno hospitalario.
El balance presentado por el veedor internacional es devastador: las movilizaciones ya dejan un saldo de al menos siete personas fallecidas, decenas de heridos de diversa consideración y centenares de personas arrestadas en los distintos operativos de despeje de rutas liderados por las fuerzas policiales.
Frente a este escenario, la Cancillería boliviana utilizó los mismos argumentos del ente fiscalizador a su favor, destacando que el propio organismo internacional reconoció los efectos nocivos que los bloqueos prolongados tienen sobre los derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo relativo al acceso a suministros básicos y servicios esenciales de salud. El Ejecutivo argumentó que cualquier evaluación internacional sobre la crisis boliviana debe sopesar obligatoriamente las consecuencias humanitarias que dejaron más de un mes de cortes carreteros en el aparato productivo y civil del país.
Derecho a protesta versus uso de dinamita y violencia
En su argumentación de defensa, el Estado boliviano recalcó que la legislación y la Constitución local reconocen plenamente el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. No obstante, las autoridades advirtieron de forma tajante que estas garantías no pueden, bajo ninguna circunstancia, derivar en acciones que afecten de manera desproporcionada a terceros ni en actos de violencia que resulten incompatibles con el Estado de Derecho.
El Gobierno expresó su máxima preocupación por la radicalización de las marchas, denunciando afectaciones directas a sectores de alta vulnerabilidad, personal médico en ambulancias, periodistas en cobertura, gremios de transportistas y ciudadanos comunes que no forman parte de las demandas políticas. Asimismo, el documento oficial cuestionó severamente el uso indiscriminado de dinamita y otros materiales explosivos de alto poder en los puntos de bloqueo, prácticas históricas del sindicalismo local que hoy son catalogadas como un riesgo flagrante para la vida y la seguridad de la ciudadanía.
Investigaciones en curso y llamado al diálogo institucional
Hacia el cierre del informe diplomático, el Estado boliviano aseguró a la comunidad internacional que el Ministerio Público y las cortes competentes ya desarrollan investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante las semanas de conflicto, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, garantizando siempre el acceso a la justicia y el debido proceso.
Finalmente, la Cancillería chilena y las representaciones regionales siguen atentas al desarrollo de este conflicto fronterizo, mientras Bolivia ratificó que mantendrá una política de puertas abiertas y cooperación constante con la CIDH y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las autoridades altiplánicas reiteraron que la única vía de salida a la compleja encrucijada pasa estrictamente por el diálogo, la concertación democrática y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales vigentes.
