BOLIVIA ENTIERRA SU MINISTERIO DE JUSTICIA: LA NOCHE EN QUE RODRIGO PAZ DECLARÓ LA MUERTE DE LA “PERSECUCIÓN POLÍTICA”
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación total del Ministerio de Justicia en medio de una crisis interna con su vicepresidente y tras dos fallidos nombramientos para encabezar la cartera, marcando el fin de una institución clave y generando preocupación por el futuro de los servicios de protección y derechos humanos.
La escena parecía sacada de un guion político latinoamericano: luces blancas en el Palacio Quemado, micrófonos alineados como bayonetas y un presidente que, después de días de rumores, decidió dar un golpe directo al corazón del aparato estatal. Rodrigo Paz, en una comparecencia transmitida a todo el país, anunció el cierre del Ministerio de Justicia. No una reforma. No una reestructuración. La muerte inmediata de una cartera histórica.
“El ministerio de la persecución ha terminado”, proclamó sin rodeos. “Se acabó la injusticia, se acabó el chantaje institucional. Hoy lo enterramos para siempre”. Sus palabras, más que un anuncio administrativo, sonaron a exorcismo político.
La crisis que fue creciendo como una sombra
Todo estalló después de una disputa que pocos imaginaron que escalaría tan rápido: el nombramiento del nuevo ministro. El cargo había pasado fugazmente por dos hombres —Freddy Vidovic y Jorge Franz García— ambos marcados por acusaciones judiciales, filtraciones y vetos internos.
Vidovic duró apenas once días, arrastrado por una condena del pasado. García, designado para reemplazarlo, llegó precedido por denuncias del propio vicepresidente, Edmand Lara, que habló de “procesos graves” sin entregar pruebas concretas.
La pelea entre el mandatario y su número dos dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra abierta. Y en medio del fuego cruzado, Paz decidió apagar la llama a su manera: dinamitando la institución completa.
Un gabinete amputado y un gobierno en tensión
Con el cierre, el Ejecutivo queda reducido a catorce ministerios, pero la amputación no cicatriza. El vicepresidente ha insinuado públicamente que sus atribuciones están siendo vulneradas; García promete demandarlo por difamación “como un ciudadano de a pie”; y el presidente intenta mantener el control de una administración que apenas comienza.
En Bolivia, la política se mueve con la velocidad de un temblor. Y esta vez, el epicentro está en la relación fracturada entre quienes deberían dirigir el país desde la misma mesa.
El vacío que inquieta a la Defensoría
Apenas el anuncio se hizo oficial, la Defensoría del Pueblo encendió todas las alarmas. No se trata solo del cierre de una cartera simbólica: bajo su estructura descansaban servicios vitales para poblaciones vulnerables, instituciones de defensa pública, asistencia jurídica, acompañamiento psicológico a víctimas y oficinas especializadas contra la trata y tráfico de personas.
El Comité de Discapacidad, los servicios de defensa pública, el sistema de justicia plurinacional, los programas para la vejez, la niñez y víctimas de delitos… todos quedaron en un limbo administrativo del tamaño de un ministerio completo.
La Defensoría exigió “certeza inmediata” sobre cómo el Gobierno reorganizará el Estado. Y advirtió algo que sacudió a la opinión pública: “Los vacíos pueden traducirse en retrocesos gravísimos en derechos humanos”.
¿Reforma histórica o ajuste político?
Desde el gobierno juran que la medida es un paso para liberar al sistema judicial “de presiones políticas”. Pero en la oposición hablan de “un golpe institucional sin plan”.
Analistas internacionales observan el movimiento con cautela: un país que desactiva su Ministerio de Justicia en pleno conflicto entre presidente y vicepresidente no está enviando un mensaje menor.
En cuestión de días, lo que comenzó como una polémica por un nombramiento terminó convirtiéndose en una cirugía mayor al Estado boliviano.
Un cierre que abre un incómodo capítulo
Rodrigo Paz insiste en que Bolivia está empezando una nueva etapa. Sus detractores aseguran que el país camina hacia una zona gris, sin claridad sobre quién protegerá a los más vulnerables ni cómo se garantizarán los compromisos internacionales de derechos humanos.
Lo único que nadie discute es que el Ministerio de Justicia, tal como Bolivia lo conoció durante décadas, ya no existe.
Fue desmantelado en vivo, sepultado por decreto y enterrado con un discurso que dividió al país.
Lo que venga ahora —reforma, crisis, o un reacomodo institucional sin precedentes— está escribiéndose minuto a minuto. Y Bolivia está mirando, entre incertidumbre y expectación, cómo su propio sistema político se reinventa, o se desarma, delante de todos.
