Con 8 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Educación aprobó en general la moción que busca modificar la Ley 20.418. La decisión se da tras una sorpresiva reactivación por parte del Ejecutivo, que impuso una «discusión inmediata» de 30 días, desatando duras críticas de la oposición por la prioridad de la agenda en la recta final del mandato.
En una jornada marcada por la polarización política, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso clave al aprobar en general el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI). La votación, que terminó con 8 votos contra 5, permite que la iniciativa continúe su tramitación, aunque aún restan diversas etapas legislativas para su despacho definitivo.
Reactivación «express» y urgencia legislativa
La iniciativa, que se encontraba prácticamente paralizada en el Congreso, fue reactivada sin anuncios públicos previos por el Ejecutivo. El Gobierno decidió aplicar discusión inmediata, lo que obliga a las cámaras a despachar el proyecto en un plazo máximo de 30 días.
Esta celeridad se suma a la reciente circular de la Superintendencia de Educación, que instruye a los colegios a modificar sus reglamentos internos para incorporar un enfoque de género, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una estrategia paralela para imponer esta agenda.
Oposición denuncia «sesgo ideológico» y prioridades desenfocadas
Desde la bancada de oposición, los cuestionamientos no se hicieron esperar. El diputado Stephan Schubert (REP) criticó que se insista en una materia que ya había sido rechazada anteriormente, advirtiendo que los plazos acotados impiden un debate profundo con expertos y familias.
Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN) apuntó a que las prioridades del Ministerio de Educación parecen estar «desenfocadas». Según la parlamentaria, mientras el sistema enfrenta crisis de infraestructura escolar, falta de profesores y problemas graves de convivencia, el Gobierno opta por reflotar un proyecto con un marcado sesgo ideológico.
Un fantasma del pasado: El legado de la gestión Ávila
Cabe recordar que este proyecto ya había generado una tormenta política durante la gestión del exministro Marco Antonio Ávila. En aquel periodo, la iniciativa fue uno de los detonantes de una acusación constitucional en su contra, quedando congelada en la Cámara debido a la fuerte resistencia que generó en las comunidades educativas.
Con esta aprobación en general, la discusión entra en una fase crítica donde se deberán analizar las indicaciones particulares, mientras los padres y apoderados se mantienen en alerta por el alcance que tendrá la normativa en la libertad de enseñanza y el derecho preferente de las familias a educar a sus hijos.
