Un fuerte mensaje político y judicial marcó la reacción del gobierno tras el violento ataque que dejó al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla con muerte cerebral, luego de ser baleado durante un procedimiento policial en la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, condenó con dureza lo ocurrido y afirmó que el Ejecutivo buscará “las penas más altas que contempla la ley”, incluyendo presidio perpetuo calificado para los responsables del ataque.
La secretaria de Estado fue más allá y calificó el hecho como “un ataque a la patria”, señalando que cuando se atenta contra un funcionario policial en servicio no solo se agrede a una persona, sino que también se golpea a la institucionalidad y la seguridad del país.
“Cuando se ataca a un carabinero, muere parte de Chile”, sostuvo la ministra al referirse a la gravedad del hecho.
UN ATAQUE QUE GOLPEA A CARABINEROS Y AL PAÍS
El ataque ocurrió cerca de las 06:15 horas en la calle San Francisco, en las cercanías de la línea férrea, cuando el sargento Figueroa y otro funcionario acudieron a un procedimiento tras un llamado que denunciaba consumo de alcohol en la vía pública.
Sin embargo, al descender de la patrulla, los carabineros fueron recibidos con una ráfaga de disparos sin mediar advertencia, en un hecho que la Fiscalía investiga como una posible emboscada preparada previamente.
Producto del ataque, el sargento permanece con muerte cerebral en el Hospital de Puerto Montt, situación que ha generado profunda conmoción tanto dentro de la institución policial como en la opinión pública.
Steinert calificó el caso como “un golpe muy doloroso para Carabineros y para el país”, enfatizando que el gobierno seguirá de cerca el avance de las investigaciones.
GOBIERNO PRESENTARÁ QUERELLA Y BUSCARÁ PENAS MÁXIMAS
En su declaración, la ministra confirmó que el Ministerio de Seguridad Pública actuará como querellante en la causa, con el objetivo de asegurar que los responsables enfrenten las sanciones más severas que contempla la legislación chilena.
“Vamos a perseguir este delito con toda la fuerza del Estado y a solicitar las penas más elevadas que puedan existir”, sostuvo la autoridad.
En paralelo, equipos policiales han desplegado operativos en la población Centenario y sectores cercanos, donde se han levantado evidencias balísticas y registros de cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los autores del ataque.
No obstante, la ministra precisó que hasta ahora no existen detenidos confirmados con participación directa en el atentado, pese a que se han realizado interrogatorios y diligencias en la zona.
El caso se ha transformado en uno de los hechos más graves contra funcionarios policiales en lo que va del año, especialmente porque ocurrió el mismo día del cambio de mando presidencial, lo que intensificó el debate sobre seguridad y protección de las fuerzas de orden en el país.
