La reciente Ley de Fraccionamiento Pesquero, publicada el 25 de junio en el Diario Oficial, reconfigura de forma significativa cómo se reparten las cuotas de captura en 23 pesquerías clave del país. Esta normativa, que reemplaza a la cuestionada Ley de Pesca de 2012, amplía el porcentaje asignado a la pesca artesanal, restando espacio a la industria. Con esta ley ya vigente, el nuevo esquema entrará en aplicación efectiva desde el 25 de septiembre, cuando se actualicen las cuotas anuales.
Uno de los cambios más visibles ocurre en el norte del país, donde el grupo Corpesca, vinculado al holding Angelini, verá una fuerte baja: de 323 mil a 173 mil toneladas de anchoveta en el Norte Grande. Esta redistribución tiene un impacto directo en la región de Tarapacá, donde los pescadores artesanales ahora controlarán hasta el 80% de la cuota, si se cumplen ciertas condiciones de cumplimiento por parte del sector industrial. El subsecretario de Pesca, Julio Salas, calificó la ley como “una distribución más equitativa entre el sector artesanal e industrial”.
El traspaso estimado desde la industria al sector artesanal alcanza los $160 mil millones (unos US$170 millones), afectando a empresas como Orizon, Blumar, Camanchaca y Alimar, que verán reducidas sus cuotas de jurel, sardina común, merluza y otras especies. En contraste, la pesca artesanal se fortalece en diversas zonas del país, especialmente en especies como reineta y jibia, donde ya se asigna un 90% al sector artesanal a nivel nacional.
La ley también establece criterios dinámicos de reparto en pesquerías como la anchoveta, lo que significa que si la industria no cumple su cuota, el remanente pasará automáticamente al sector artesanal. Este modelo busca incentivar el cumplimiento y equidad en el acceso a los recursos. Con esto, se marca un antes y un después en la política pesquera chilena, cuyo eje ya no gira exclusivamente en torno a los grandes conglomerados industriales.
