La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes toque de queda en el distrito de Pataz, en la región de La Libertad, luego del asesinato de 13 mineros que habían sido secuestrados la semana pasada.
La medida, que regirá entre las 18:00 y las 6:00 horas, se enmarca en una serie de acciones orientadas a retomar el control de la zona.
“A raíz del acontecimiento de Pataz, decidimos que en las próximas horas, mientras trabajamos en el marco legal, se declara, a partir de entonces, el toque de queda en todo el distrito de Pataz de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de la Poderosa”, anunció la mandataria, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.
A lo anterior, se suma la función que tendrán las Fuerzas Armadas, quienes tomarán el control de la zona.
Cabe señalar que, asimismo, se suspenderá la actividad minera por 30 días debido a la “ola de terror” que -dijo el gremio minero de Perú- azota al país.
Boluarte manifestó que durante este plazo se va a proceder a exclusión de todos los registros de formalización minera.
“Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano porque es ahora cuando debemos de actuar”, manifestó la mandamás en referencia a que se debe crear un marco legal para actuar frente a esta problemática.
En esta línea, la presidenta calificó los hechos como actos de “crimen organizado y terror de extrema brutalidad”, y aseguró que el Ejecutivo no los permitirá. También criticó al Ministerio Público por haber liberado en 2023 al presunto líder del ataque, conocido como ‘Cuchillo’.
La tragedia generó conmoción en el país, especialmente en la provincia de Pataz, que ya había sido declarada en emergencia en febrero de este año debido al auge delictual vinculado a la minería ilegal.
La muerte de los obreros fue confirmada también por la compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento de oro peruano atacado.
En un comunicado, la empresa extractora lamentó que los 13 trabajadores fueron “cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal”.
Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, expuso que el Gobierno “en ningún momento” ha cometido un “descuido de sus deberes y sus funciones y aseguró que la Policía Nacional actuó de manera inmediata en la zona”, en referencia a las críticas sobre la inacción de las autoridades.
