El interno advirtió haber sufrido malos tratos en la cárcel donde finalmente fue asesinado y pidió no ser trasladado allí. Sin embargo, no se tomaron medidas preventivas por parte del Estado. La Fiscalía definió el caso como una muerte anunciada. Los gendarmes imputados fueron formalizados, pero quedaron en libertad.
Oye boy para Arica (sic). Porfa yama alos abogado Delos derechos umano porke allá me van arreventar los pacos porke mepelotiaron por pegarle aún Paco (sic). Fueron palabras de envió el reo desde la carcel de Quillota a su hermana
A los 38 años, Díaz registraba 23 condenas en el sistema del Poder Judicial. Su historial comenzó en 2008, cuando fue procesado por el hurto de productos alimenticios en un supermercado de Talagante.
Durante una década, Díaz no registró nuevas condenas en el sistema judicial. No está claro si en ese periodo logró reinsertarse o simplemente no fue detenido, pero en 2022 volvió a aparecer ante los tribunales, esta vez por dos hurtos cometidos en Ovalle y Vallenar.
Ese año Díaz fue detenido por primera vez en Arica, iniciando una seguidilla de condenas por amenazas, robos y receptación. Su última condena, sin embargo, fue distinta: por agredir a un funcionario de Gendarmería, lo que provocó su traslado primero al penal de Valdivia y luego al de Quillota.
ACUSO TORTURAS
Durante el juicio, Cristián expresó ante la jueza su rechazo a ser trasladado nuevamente al penal de Arica, argumentando que en su anterior paso por ese recinto había sido víctima de torturas y agresiones por parte de Gendarmería.
Por su parte, la jueza se encargó de dejar constancia en el acta de las acusaciones, señalando expresamente que el imputado solicitó no ser trasladado al centro penitenciario de Arica.
A pesar de todo lo mencionado, el 16 de diciembre, Diaz fue trasladado a Arica, ingresando al módulo 6 de la cárcel de Acha. Para un día después ser cambiado a un módulo de Alta seguridad.
FALLAS EN EL SISTEMA
Según Gendarmería, dos días después de su traslado, el interno se autolesionó dentro del penal, pero fue atendido y regresado al mismo módulo. El 23 de diciembre fue apuñalado por tres reclusos, incluido Jordan Mejías Martínez. Tras permanecer hospitalizado durante cuatro días, retornó al recinto penitenciario y fue reubicado nuevamente en el módulo de alta seguridad.
El 29 de diciembre, Gendarmería solo revisó al imputado y no al resto de los internos, según informó el fiscal. Una cámara de seguridad registró a Mejías tomando un estoque desde una banca, y poco después, un funcionario empujó al recluso hacia el patio, donde fue fatalmente apuñalado.
El fiscal Hernández instruyó la detención de tres funcionarios de Gendarmería —Samuel Gatica, Luis Jara y Osvaldo Sandoval—, quienes fueron aprehendidos por personal del OS-9. En la audiencia de formalización, se les imputaron cargos por homicidio por omisión y obstrucción a la investigación. Además, a uno de ellos se le sumó el delito de tenencia ilegal de munición por dos cartuchos encontrados en su casa.
LOS DEJARON EN LIBERTAD
Luego de escuchar los descargos de la defensa, la jueza a cargo del control de detención desestimó los planteamientos del Ministerio Público, señalando que, si bien los hechos representan incumplimientos graves, corresponden al ámbito administrativo y no configuran delitos penalmente sancionables.
Además, la magistrada señaló que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no eran lo suficientemente claras para sustentar las imputaciones, y destacó que los funcionarios de Gendarmería han colaborado plenamente con la investigación.
Se espera que la Corte de Apelaciones de Arica se pronuncie sobre la solicitud de prisión preventiva, la cual fue previamente rechazada por la jueza de primera instancia.
